En las estadísticas sobre la violencia en México destaca un hecho incontrovertible: el primer año del gobierno de Felipe Calderón marca el comienzo de un ciclo histórico caracterizado por la violencia del crimen organizado y la crisis de derechos humanos. En efecto, de 2006 para acá, se registran más de 95 mil personas desaparecidas, el homicidio doloso conoció cifras históricas y se calcula que cerca de 400 mil personas tuvieron que dejar sus hogares debido a la violencia.
Por supuesto que para explicar la tendencia que inicia en 2006 hay que remontarse a décadas de complicidad entre las instituciones públicas y el crimen organizado, entre otros factores de mediano y largo plazo. Pero es un hecho que las consecuencias de este proceso se presentaron de manera súbita y masiva. Casi todas las estadísticas al respecto muestran un diagonal ascendente que comienza en 2006-2007.
La capacidad de respuesta de la sociedad ante este golpe de realidad ha sido diversa. A lo largo de estos años las víctimas se han organizado, se aprobaron diversas leyes de las que surgieron nuevas instituciones públicas para atender sus efectos, se consolidó un cinturón de organizaciones civiles que se especializaron en esta agenda y un largo etcétera.
La violencia del narcotráfico cambió a la sociedad y su sistema institucional. Aun así, todavía nos encontramos transitando un periodo en el cual la magnitud y dinámica de la violencia sigue desbordando nuestra capacidad de respuesta.
Pongo un ejemplo, en las instalaciones forenses del país hay poco más de 50 mil cuerpos sin identificar. Esto supone casi la mitad de las desapariciones del país. La infraestructura forense quedó totalmente rebasada y si bien se ha invertido en mejorarla, el constante flujo de cadáveres convierte la inversión en anécdota.
Una de las características de esta “etapa de desborde” es la fragmentación y la falta de coordinación institucional. Tenemos un marco normativo novedoso, pero seguimos careciendo de un esquema articulador que ordene la intervención de las nuevas instituciones y que garantice el acceso a los derechos ahí proclamados.
Son respuestas que han sido creadas en la lógica de la emergencia y de lo extraordinario. Pero para transitar a una nueva etapa en la cual exista una mejor proporción entre la dinámica de violencia y la capacidad de respuesta institucional se necesitan dos cosas. Primero, una reducción de los niveles de violencia, es decir, una política de seguridad que permita desacelerar el vertiginoso ritmo de esta dinámica.
Segundo, una revisión profunda y sincera del marco general en el que estas instituciones funcionan. Un análisis nos revela duplicidad de funciones, normativas contradictorias entre sí, vacíos de atención, serios problemas en la coordinación entre estas instituciones y los gobiernos locales, etc.
Aspectos, todos ellos, que le restan efectividad a la respuesta estatal y que deben superarse en los próximos años.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
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