El lunes 6 de noviembre se aprobó en lo general y en lo particular (no reservado) el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024. En la opinión aprobada de la Comisión de Educación sobre el PPEF que antecedió a su votación hay de todo: desde la participación responsable e informada de diputadas(os) que buscan proteger políticas públicas fundamentales como la jornada ampliada, hasta diputados(as) que abogan por fondear programas barrocos que poca gente sabe para qué sirven, como el programa presupuestario U080 –“el cajón del sastre”—. Como cada año, las discusiones en comisiones y en el pleno no dejan ver mucha de la sustancia detrás de la importante labor de administrar el dinero que se invierte en educación.
Sin embargo, en medio del ruido legislativo hay tres datos que nos invitan a hacer preguntas porque, honestamente, no se entienden.
Uno. No se entiende por qué el Estado mexicano va a invertir lo mismo en educación en 2024 que en 2017 (en términos reales). Además de atender a los más de 34 millones de estudiantes de todos los niveles, el sistema educativo nacional aún enfrenta los desafíos legados por la pandemia: recuperar a los ausentes, atender las secuelas emocionales en docentes y estudiantes, así como revertir la pérdida de aprendizajes.
Pese a ser un país de renta media-alta, México ha seguido la tendencia de los países de renta baja de castigar el presupuesto educativo después de la pandemia. No se entiende que, cuando hay más necesidades, haya menos presupuesto.
Dos. No se entiende tampoco que el gasto federalizado sea tan desigual que se destinen 46 mil pesos por estudiante para Baja California Sur, mientras que Puebla, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Tabasco reciban menos de la mitad. Esta disparidad que analizamos en Mexicanos Primero no se justifica por el tamaño de la matrícula, por el número de docentes, por los resultados de cada entidad (como la eficiencia terminal en secundaria) o por su índice de marginación –criterios que están en las mismas fórmulas de cálculo del FONE y FAM de educación básica, por ejemplo—.
Tampoco se entiende esa asignación presupuestaria cuando hay entidades como Nuevo León y Jalisco que cuentan con suficientes recursos propios para subsanar la deficiencia del gasto federalizado, pero entidades como Chiapas y Tabasco, no pueden hacer lo mismo.
Tres. Y, definitivamente, no se entiende cómo es que se puede dedicar 22% del presupuesto a las pensiones y solamente 0.25% a la atención a la primera infancia. Como han mostrado decenas de investigaciones a lo largo de los últimos 20 años, fondear programas que atienden a las niñas y niños hasta cumplir seis años es la mejor inversión que se puede hacer por su desarrollo e, incluso, para reducir la desigualdad en su vida adulta.
Sin embargo, en 2024 México invertirá solamente el 14% de lo que se invirtió en 2020 en este segmento etario, lo que definitivamente dificultará incrementar el porcentaje de niñas y niños que recibe educación inicial y preescolar, el que hoy ronda apenas 37%.
No hay que ser suspicaces: tal vez haya cosas que, después de una buena conversación, todas y todos podamos entender. Sin embargo, mientras el presupuesto educativo siga siendo tratado con opacidad y poca profundidad, el escepticismo perdurará, especialmente cuando el magisterio y quienes somos apasionados(as) de la educación tenemos una idea bastante clara sobre en qué hay que invertir para que las niñas, niños y adolescentes estén, aprendan y participen en las escuelas.
Por eso, desde Mexicanos Primero preguntamos a la legislatura: ¿por qué siguen sin dedicar recursos a lo importante? A la educación para empezar, pero también a lo que da mejores resultados en educación. Que alguien nos explique… porque no se entiende.
Antonio Villalpando Acuña
Investigador en Mexicanos Primero
MAAZ