La propuesta y aprobación del presupuesto es, con mucho, la decisión de política pública más relevante que asume una administración. En un sistema con división de poderes y gobierno con mayoría absoluta, está decisión recae en el gobierno federal y su partido.
Construir los acuerdos y el consenso político y social sobre el paquete presupuestal, debería ser un propósito y una necesidad política de primer orden en un gobierno democrático, sensible y comprometido con las necesidades de la población y el crecimiento y desarrollo del país.
Nada más alejado de lo ocurrido, durante la votación se ignoró la pluralidad y se negó el diálogo, sencillamente se legisló con los ojos puestos en las urnas, no en la realidad. El presupuesto aprobado para el próximo año, cerró las puertas al debate y a los cientos de reservas y propuestas de modificación que presentó la oposición y fue llevado al pleno de la Cámara de Diputados para ser votado sin discusión. Así actuó la mayoría mecánica de Morena y sus aliados, imponiéndose en medio de una catarata de insultos, descalificaciones y diatribas.
El presupuesto privilegió las obras faraónicas del gobierno y los objetivos político electorales del grupo en el poder. Con absoluta sumisión, los legisladores del oficialismo votaron un gasto total de 9.06 billones de pesos, soportado en un 20% de deuda y sin asignar recursos a la reconstrucción de Guerrero, devastado tras el paso de huracán Otis.
Morena y sus aliados siguieron la ruta del debilitamiento de los órganos autónomos con recortes de 13 mil millones al Poder Judicial y Legislativo, al INE, INAI Y COFECE. Una revisión somera deja ver la veta político electoral de la asignación presupuestal, el dinero se va a becas, sin mayor precisión del sustento de la petición, lo que expone este recurso al uso discrecional y la reasignación que convenga al gobierno. Se reduce el presupuesto de estados y municipios hasta en un 7% y en su lugar se crea un fondo de 7 mil millones para infraestructura estatal, sin reglas y sin especificar criterios de asignación a los estados.
Se mantienen sin cambio los 120 mil millones del Tren Maya, que ya suma gastos por 500 mil millones, tres veces más de lo presupuestado. La Secretaria del Bienestar tendrá 543 mil millones, principalmente dedicados a pensión de adultos mayores, lo que es de reconocer, pero sin dejar de advertir los recursos para sostener el aparato clientelar del gobierno en tiempo de elecciones. El presupuesto de salud tiene un recorte del 55% con reasignaciones al IMSS Bienestar por 138 mil millones, con todo y la mega farmacia que hasta ahora nadie ha justificado técnicamente.
Al margen de cualquier intento de modificación, en víspera de elecciones se aprueba un presupuesto electorero. En los próximos meses las necesidades de la población afectada por los desastres naturales y los proyectos de inversión para fortalecer la capacidad productiva del país y aprovechar las oportunidades de inversión y empleo que representa el “nearshoring” tendrán que esperar, por ahora, la prioridad del gobierno es mantenerse en el poder al costo que sea.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
MAAZ