La devastación causada a la costa de Guerrero, a 45 municipios y con Acapulco en su epicentro, va más allá de lo inimaginable. Son escenas de destrucción, derrumbe e increíble fragilidad de estructuras, edificios, follaje, árboles, hasta cerros y montañas. Todo fue afectado gravemente.
La crisis humanitaria es colosal. Los riesgos a la salud de la población ya empiezan a observarse, mientras la delincuencia organizada asume su papel de protagonista en la expropiación de bienes públicos (p.ej. huachicol) y privados (cobro de derecho de piso, robo y saqueo).
Mientras tanto, los diputados de Morena deciden darle la espalda a Guerrero con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El presupuesto básicamente queda como lo había planteado AMLO antes del hecatombe en Acapulco. Todos los recursos del país prioritariamente se dirigen al Tren Maya, a PEMEX (el gran hoyo negro), al AIFA, a las Fuerzas Armadas, al pago de la deuda por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y, finalmente, a los programas electorales-quise decir sociales-destinados a fortalecer los votos de Morena el próximo año en los comicios federales y estatales.
El Presidente anunció un plan para ayudar a la recuperación de Acapulco. Esos aproximadamente 60 mil millones de pesos que promete sólo servirán durante pocos meses, aproximadamente hasta marzo o abril. De hecho, van en la forma de dinero previamente adjudicado a Guerrero (apoyos sociales a adultos mayores, jóvenes, discapacitados, etc). Mucho de lo ofrecido parte del presupuesto ya ofertado en el PEF.
Por tanto, lo que ofrece AMLO a Acapulco en la forma de ayuda de emergencia es como pretender detener y curar una hemorragia masiva con una curita, como solución definitiva. Por supuesto que el chiste se cuenta solo.
No existe una coherente acción tendiente a recuperar Acapulco y los municipios aledaños, también gravemente afectados en sus infraestructuras de servicios públicos, abasto de energía eléctrica, mientras también cuentan a sus muertos. Las cifras de lo que realmente va a costar la recuperación en Guerrero por los efectos del huracán Otis y el tiempo que se requerirá para poner a Acapulco de pie, varían mucho. El plan del Presidente está diseñado para durar un máximo de 6 meses.
La Cámara de la Construcción calcula que tardará la recuperación por lo menos cinco años. Las aseguradoras internacionales calculan que se requerirán por lo menos unos 50 mil millones de dólares para lograr que Acapulco empiece a parecer lo que fue en alguna época boyante.
Los 60 mil millones de pesos que ofrece AMLO no sirven más que para tapar el hoyo de su culpa por no haber atendido a tiempo las advertencias que seguramente recibió, pues, como él mismo dice, ufano, es el hombre mejor informado de México. Seguramente estuvo informado con antelación sobre la peligrosidad del evento, pero decidió guardarse la información e ir a dormir. Y pasó lo que tenía que pasar.
Ahora, ¿qué viene para Guerrero? Se anticipa una probable migración masiva fuera de la zona, aunque sea temporal. No hay comida, ni agua ni medicinas. La sobrevivencia cotidiana de las personas está en juego. Como ha sucedido en tragedias similares en otras partes del mundo, un sector de la población decide probar suerte en otras latitudes menos hostiles. Habrá seguramente una migración importante hacia Estados Unidos.
Otra parte de la población no tendrá más remedio que quedarse y tratar de sobrevivir. Ahí jugará un papel determinante el crimen organizado. Todos los esfuerzos por recuperar la normalidad estarán marcados por la presencia del crimen organizado, ocupando espacios políticos de autoridad y restándole fuerza de decisión al Estado. El peligro que corre esa parte de Guerrero es convertirse en una plataforma de lanzamiento de nuevas fuerzas del narcotráfico hacia México, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
Si el Estado mexicano no actúa con severidad ante la presencia del crimen organizado, la reconstrucción de Acapulco podría convertirse en la consolidación de una verdadera “nueva frontera” del narcotráfico en México.
Las tragedias naturales tienen el hábito de convertirse en crisis políticas. La caída de Somoza empezó con un terremoto que sacudió a Nicaragua. Las inundaciones pueden precipitar la caída de los gobiernos. La fragilidad de los sistemas democráticos salen a flote cuando la falta de capacidad de respuestas eficaces muestran a los gobernantes como ineptos.
Justamente ese fue el efecto del temblor de 1985 en México. El gobierno federal reaccionó de manera titubeante, incluso con un asomo de miedo, al fenómeno y a sus posibles consecuencias. No fue una casualidad que tres años después, en 1988, ocurriera un terremoto político en las elecciones presidenciales, con un cuestionamiento a los resultados y una sociedad abiertamente antagónica al gobierno federal. De ahí a las elecciones que transformaron a México en 1997 y 2000 fue un proceso complejo y violento, pero ininterrumpido de cambio.
AMLO y su gobierno están respondiendo a la crisis natural que provocó Otis con titubeos, pasos inciertos y no queriendo asumir la gravedad del asunto, como lo demuestran sus vacilaciones presupuestales y los planes hechos al vapor y sin fundamentos serios. Están reaccionando a la crisis en Acapulco y sus alrededores de la misma forma como lo hizo el gobierno federal en 1988. Y, en consecuencia, están abriendo la puerta a que los impactos del huracán sobre la sociedad y el entorno económico transformen esa tormenta natural en una crisis política.
Por lo que hemos atestiguado del pasado, la crisis social y política que engendra una crisis natural de ésta envergadura tiene la fuerza y suficiente magnitud para tumbar a un gobierno.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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