Independientemente de las definiciones adicionales, un encarcelamiento político es aquel estado de penalidad al cual se somete a un individuo con la finalidad de lograr la prevalencia de una idea política.
Un encarcelamiento de esta naturaleza —ya sea por acusaciones de sedición, sabotaje, ataque terrorista o cualquiera otra acción similar—, mueve en favor de la doctrina los engranajes de la ley.
A veces sí se trata de delitos cometidos bajo una bandera reivindicadora (como los nacionalistas extremos), pero otras se buscan infracciones para convertirlas en delitos o se exageran comportamientos en la fabricación de faltas mayores, casi siempre violaciones a los Derechos Humanos.
El problema para quien empuja este tipo de encarcelamientos es la necesidad de revestirlos de justicia. Y para eso se requiere cumplir con la ley, para aplicar la ley.
En años recientes dos han sido los casos de prisión política más notables. La cárcel para Rosario Robles, por delitos menores jamás comprobados, y la tortura adjudicada, sin evidencias, a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, quien a pesar de las pésimas condiciones de su salud y lo avanzado de su edad no ha sido beneficiado por entero con la prisión domiciliaria, como la lógica demandaría en el desarrollo de su proceso.
Murillo es un preso político porque fue encarcelado para darle sentido a una investigación similar a la suya en sus conclusiones, cuya finalidad era comprobar un discurso, no una cadena de hechos. Denostar; no profundizar.
Cuando la Comisión de la Verdad no encontró nada distinto en cuanto a los hechos de Iguala ya conocidos, en el asesinato masivo de estudiantes guerrerenses, se confinó a Murillo Karam por delitos imaginarios, como la conspiración parea crear la “verdad histórica”. O no probados, como la tortura a uno de los asesinos, convertido en hombre suelto.
Otro de esos delitos fue “fabricar” una conspiración. Y con eso culminaron una investigación cuya finalidad era ajustar los
hechos a los dichos. Y en ese afán, la Comisión de la Verdad fue un absoluto fracaso. Su titular fue despedido; el fiscal especial ahora se refugia en Estados Unidos; otros investigadores huyeron del país, mientras los autores materiales están libres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió tirar a la basura el más importante documento exhaustivo de documentación logrado en torno del caso.
Todo fue un desastre y lo sigue siendo. Y el desprecio por la normalización del proceso a Jesús Murillo Karam y el pleito desde el Ejecutivo por la prisión domiciliaria en uno de sus litigios, no hace sino confirmar la politización del caso.
El extremo de esta politización es la auto adjudicación presidencial de la investigación.
POR RAFAEL CARDONA
COLABORADOR
@CARDONARAFAEL
MAAZ