No importa a que costo, tampoco las consecuencias para el país. Desde el poder se genera una narrativa de polarización, y todos los campos son buenos para librar esa batalla.
Norte contra sur, clases medias contra las de menos ingresos, el pasado contra el presente, mestizos versus pueblos originarios. Desde la historia hasta las ciencias exactas, en cualquier parte se puede montar un debate que culmina con adjetivos que se convierten en peyorativos.
La Corte de Justicia de la Nación no es ajena a la realidad a que me refiero. Como nunca en la historia reciente, jueces, magistrados y ministros son el objetivo de ataques y denostaciones. El poder judicial se convirtió en un elemento para la construcción de una narrativa política. Un capítulo más en una estrategia con evidentes fines electorales.
Y es que todo en este país parece tener como objetivo el triunfo en las urnas de una opción política que no da buenos resultados en muchos temas y que se ha sostenido, vaya paradoja, por los acuerdos comerciales y los fondos que heredó del sistema económico que tanto crítica.
La Corte, para el gobierno y su partido, es “culpable” de muchos de sus fracasos. A los de la “cuarta transformación” les incomoda respetar la Constitución y las decisiones judiciales. Una actitud que nos recuerda a las monarquías absolutas. Incluso, el desprecio a la legalidad llega a las formalidades en la construcción de las leyes.
En esta tragicomedia se avecina un nuevo capítulo, refrito de otro muy similar que se desarrolló hace unos meses. Desde Palacio Nacional, donde funciona el equipo de campaña de Morena, se ha dado la orden de generar un debate sobre las reglas para la elección de los jueces, magistrados y ministros.
Los propagandistas del poder pretenden que los funcionarios del poder judicial sean seleccionados por su popularidad y no por sus méritos. En pocas palabras, con esa propuesta, los asuntos legales serían resueltos por fotogénicos ministros o jueces, o por aquellos que tengan una mejor estructura electoral, o tal vez por un influencer o, peor aún, un protegido del narcotráfico.
La teoría constitucional ha llegado a la conclusión de que la formación del tercer poder, el judicial, debe ser producto de la participación de los otros dos, ellos sí legitimados por el voto. La selección de sus integrantes debe provenir del mérito técnico y recaer en los más aptos y probos.
Puede parecer un disparate lo que comento, pero esto no la ha logrado el partido oficial por no contar con las mayorías necesarias en los congresos. En la próxima elección tenga usted cuidado, no vaya a ser que termine viviendo en una sociedad medioeval, lo que casi logra Morena cuando enfrentó con estampitas y hechizos el Covid.
POR RUBÉN MOREIRA VALDEZ
COORDINADOR DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@RUBENMOREIRAVDZ
PAL