MUY LEJOS DE enfrentar una crisis de contratos con el gobierno de la Cuarta Transformación, la familia Cervantes Covarrubias, propietaria del Grupo Vitalmex, mantiene un buen ritmo de contratos en el sistema de salud: tan sólo en 2023, se contabilizan alrededor de 2 mil 800 millones de pesos para sus empresas relacionadas.
Tras participar en la trama del denominado Cartel de los Chupasangre”, en el que se coludieron diversas firmas para acaparar los servicios integrados de laboratorio clínico y banco de sangre en los institutos de salud, Vitalmex tuvo que diversificar el negocio para evitar el veto presidencial, además incrementó la participación en concursos licitatorios de otras empresas de la familia.
El grupo que fundaron Jaime Cervantes Hernández y su esposa Pilar Covarrubias se mantiene presente en el IMSS de Zoé Robledo, con contratos que se acercan a los mil 300 millones de pesos; estos amparan también servicios integrados de hemodinamia, para procedimientos de trasplantes y para cirugías de invasión mínima.
Sin duda, la cifra es ya una buena cosecha para el grupo que dirige actualmente su heredero Jaime Cervantes Covarrubias; pero habrá que sumar a estos números los montos de los contratos que en el presente año ha obtenido su hermano Adrián Cervantes Covarrubias, a través de su grupo empresarial conocido como Biossmann.
En el año 2013, Adrián Cervantes fue reconocido por Ernst & Young como Entrepreneur of the Year a nivel nacional, precisamente por el crecimiento de su grupo de compañías dedicadas a proveer servicios integrados al sector médico. La especialidad del grupo, según sus propias comunicaciones, era el del sector de las anestesias.
Constituida en el año 2001 por Cervantes Covarrubias, en sociedad con su esposa Samantha Bárcenas y Octavio Oropeza, Biossmann está integrado por las razones sociales Medicus, Nnuver, Avannlab y Casa Plarre; esta última señalada por incumplimientos contractuales en el gobierno de la CDMX.
Casa Plarre era el caballo de batalla del nuevo grupo en el sector público; en 2022 obtuvo contratos por casi mil millones de pesos para los servicios integrales de anestesia, principalmente en el ISSSTE de Pedro Zenteno, donde se hizo de un contrato por 565 millones de pesos mediante procedimiento de Adjudicación Directa.
Si bien en 2023 esta empresa del grupo Biossmann apenas se ha adjudicado 163 millones de pesos, el negocio de la anestesia en el Seguro Social prácticamente lo tiene acaparado otra firma con la que tiene muy fuertes vínculos: se trata de CBH+ Especialistas en Innovación Médica, en la que la accionista mayoritaria es ni más ni menos que Samantha Bárcenas.
Apenas en el mes de agosto, la empresa de Bárcenas Pacheco, perteneciente a otro corporativo denominado Grupo CB (probablemente Cervantes + Bárcenas), se adjudicó 30 partidas en el procedimiento licitatorio LA-50-GYR-050GYR988-T-9-2023, para el Servicio Médico de Anestesia Integral 2023-2025, con lo que se llevó un negocio por mil 360 millones de pesos.
Los servicios integrados para anestesia se suman a las millonarias y cuestionadas licitaciones para los estudios clínicos de laboratorio y banco de sangre, justo en el sexenio en el que el titular del Ejecutivo ha pedido eliminar este modelo de contratos.
HOY EL INSTITUTO Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dirige Diego Prieto, debe adjudicar el contrato para la “Adquisición de tarjetas electrónicas canjeables por uniformes y ropa de trabajo para los trabajadores de base, administrativos, técnicos y manuales”. Es una compra en la que se invertirán unos 55 millones de pesos para garantizar esta prestación a sus 2 mil 511 colaboradores. De acuerdo con el acta de apertura de propuestas del procedimiento LA-48-D00-048D00001-N-741-2023, se perfila para quedarse con el negocio Monederos Pay Company, representada por Ángel Arias, con la oferta más baja de 53.4 millones de pesos. En el camino se quedarían Intely Vale de Rosaura Álvarez y Servicios Broxel que dirige José Molina.
¿RECUERDA EL escándalo de la leche Betty? Por allá de 1999 un grupo de legisladores del PRD en el DF, realizaba la entrega de leche, cuyo costo era de 2.50 pesos por litro, contaminada con “bacterias coliformes” según lo determinó la Secretaría de Salud. Ahora, uno de ellos realiza la entrega de lácteos en el estado de Querétaro para hacerse de una candidatura para la diputación federal como representante de Morena. Es el diputado local Christian Orihuela, quien en sus redes sociales se deja ver muy activo entregando botes de leche, aunque en las fotografías publicadas en sus redes sociales se procura tapar la marca del producto.
LA REGIOMONTANA CEMEX, de Fernando González Olivieri, desarrolló en su Centro de Innovación el primer “concreto que habla”, un modelo interactivo capaz de verificar el material de la empresa que fue utilizado para una construcción. A detalle, se coloca un escáner en la superficie del producto a analizar para diferenciar si en la obra se aplicaron sus llamados concretos Vertua, Duramax o Hidratium, e incluso añadir detalles específicos como el nombre del edificio o el arquitecto que lideró el proyecto. Tal y como lo hacen las bocinas inteligentes, el control emite distintos sonidos para cada tipo de componente.
LA CONAGUA DE Germán Martínez Santoyo busca coordinarse con el gobierno de Puebla para detectar y sancionar a los operadores de un centenar de pozos clandestinos que estarían operando en la entidad, y que son los responsables de fenómenos como el socavón de casi 150 metros de diámetro que sorprendió hace unos meses a todo el país. En el estado que gobierna Sergio Salomón Céspedes se habían encontrado hasta el año pasado 116 pozos fuera de regla, algunos de ellos explotados por empresas como Acabados Internacionales Jaor, de Eugenio Carpinteyro, y Mercatus Inmobiliaria, de Raúl Morales.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ