La acalorada discusión sobre el derecho constitucional a la presunción de inocencia y cómo es coartado con mecanismos como la prisión preventiva oficiosa, es uno de los epicentros del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inoperante esa medida cautelar porque da el mismo trato a un imputado que a un culpable. La Suprema Corte mexicana invalidó la prisión preventiva oficiosa para diversos delitos como los financieros y fiscales, además de que ahora estudia cómo aplicar la sentencia de la CIDH, mientras el Poder Ejecutivo la acusa de proteger a élites y privilegios.
El encontronazo entre poderes se acentuó en abril cuando la SCJN invalidó la reforma que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, dado que la propia Constitución ordena que su carácter debe ser civil. Pero preguntémonos: ¿son esas realmente las cuestiones de fondo? La mayor parte de la impunidad sucede antes de siquiera llegar al juzgado. En 2022, la Fiscalía General de la República registró 2 millones 246 mil 885 procedimientos. De todos ellos, sólo el 4.3 por ciento, 96 mil 579, fueron vinculados a proceso judicial y esos números son muy similares a los del año anterior, según el seguimiento continuo del think tank México Evalúa. La integración de carpetas de investigación se topa frecuentemente con violaciones al debido proceso por arrestos mal realizados y alteraciones a la escena del crimen, debido fundamentalmente a la falta de capacitación de policías e integrantes del Ejército asignados a tareas de seguridad pública.
Ayer, el presidente López Obrador solicitó autorización al Congreso para que 11 militares estadounidenses vengan a adiestrar a soldados mexicanos el próximo año. Además, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados discutió una iniciativa que autoriza un nuevo procedimiento para dar de baja del Sistema Educativo Militar a los indisciplinados. La justificación documenta que de 2019 a 2022 hubo 7 mil 29 casos, lo que significa un aumento de 84 por ciento. Además de reforzar la disciplina desde la formación, también buscan dar mejores incentivos de desempeño a los soldados que se asignen a tareas de seguridad pública.
Y sí, el Poder Judicial también tiene una cuota grande de ineficacia. En las cárceles, 3.9 de cada 10 presos, es decir 88 mil 172, no están sentenciados y 23 mil 653 no tienen una sentencia definitiva. Mientras las cifras indican los puntos exactos donde falla el sistema de justicia, desde la política siguen las disputas. Periódicamente, desde la mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, señala a “jueces que favorecen a delincuentes”, listado en que ha incluido a la presidenta de la Corte, Norma Piña.
El Poder Ejecutivo insiste en su idea de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular, lo que daría una imagen de democratización de la justicia pero también abriría más la puerta a su politización, un grave riesgo para la imparcialidad indispensable en el Poder Judicial.
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MÁS LLAGAS: ¿Qué tienen en común López Obrador y Milei? A Paolo Rocca, presidente de Grupo Techint y su subsidiaria Ternium, empresa señalada por la muerte del defensor ambiental indígena Higinio Trinidad de la Cruz, en Jalisco, que se agrega a las desapariciones de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, en Aquila, Michoacán.
POR: ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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