En 2021, el presupuesto del Senado de la República fue de 4 mil 438 mdp, 150 millones más que en 2020. Para ponerlo en perspectiva, vale decir que alcanzaría para cubrir, por un año, las pensiones de 154 mil personas adultas mayores, las de 246 mil personas con alguna discapacidad, u otorgar 462 mil apoyos del Programa para Hijos de Madres Trabajadoras.
Ante la cuantía de estos recursos y la posibilidad de destinarlos a las más acuciantes urgencias sociales, es lógico cuestionarnos la necesidad de mantener dos Cámaras legislativas, cuyas funciones bien podrían ser absorbidas por una de ellas sin afectar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Nuestra Constitución asigna 13 atribuciones exclusivas a la Cámara Alta, entre ellas, analizar y aprobar el informe anual de la Guardia Nacional; nombrar un titular del Ejecutivo local provisional cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa; designar a los Ministros de la SCJN de entre la terna propuesta por el Presidente de la República; analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; así como integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República y nombrar a dicho servidor público.
Como se ve, no hay ningún impedimento para que la Cámara de Diputados asuma esas tareas y otras que no se mencionan aquí. Además del muy significativo ahorro que supondría, el traslado de dichas funciones a San Lázaro mejoraría la representatividad en la toma de decisiones parlamentarias, puesto que las y los diputados son elegidos en distritos de menores dimensiones y con menor población que los estados; tienen una relación más cercana con sus representados y puede presumirse una mayor facilidad y disposición de convertir en iniciativas de ley las demandas ciudadanas.
De la manera en que fue concebido en la Constitución estadounidense de 1787, fuente de inspiración para la primera Carta Magna mexicana, la razón de ser del Senado es garantizar la soberanía de los estados frente a la Federación, cuya preponderancia era concebida como una forma de tiranía. Por eso, cada una de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana elige un mismo número de senadores. Sin embargo, es inocultable que la dinámica real y las leyes que rigen al sistema electoral-partidista mexicano hacen que, en los hechos, las y los senadores respondan al partido o grupo político que los postuló, y no a su entidad federativa.
Si los senadores no cumplen su cometido originario como delegados de las entidades ante la Federación, y el resto de sus atribuciones puede absorberse en un sistema unicameral que, además, ganaría en representatividad, resulta válido y necesario plantear un debate en torno a la continuidad de la llamada Cámara Alta.
POR ÓSCAR GUTIÉRREZ CAMACHO
Diputado Federal por Morena
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