De acuerdo con las encuestas disponibles, si los comicios del 2024 fueran hoy, Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia de la República y Morena se llevaría seis de los nueve estados en contienda, incluida la Ciudad de México. Además, si la preferencia partidaria se tradujera en votos, podrían conseguir la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Pero las cosas podrían cambiar en los próximos meses. Las encuestas son fotografías de un momento que no reflejan la película completa y, como sucedió en Argentina, no están captando los niveles de descontento del electorado.
En un escenario tan volátil, no puede descartarse un resultado adverso o no tan bueno para Morena y su coalición. Para ello, silenciosa pero implacablemente, el oficialismo está preparando el terreno. Así habría que entender dos eventos aparentemente desvinculados entre sí. Dicho de otra manera, ¿qué tienen en común la permanencia de una fiscal y la salida de un ministro?
Empecemos con el proceso de ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Hay que recordar que dicha ratificación no estaba prevista en la ley, ya que la intención era que los fiscales no coincidan con los cambios en los poderes ejecutivos, sea federal o estatales. Apenas en mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que permitiría a la fiscal permanecer en el cargo cuatro años más.
Por otra parte está la renuncia del ministro Arturo Zaldívar un año antes de concluir su gestión. Además de la improcedencia de su salida por no presentarse causa grave, su dimisión anticipada rompe el escalonamiento en el pleno de la Suprema Corte, a la vez que obsequia al presidente López Obrador la cifra récord de cinco nombramientos de ministros durante su mandato.
El común denominador de estos movimientos sería consolidar el proyecto obradorista y controlar la transición. AMLO gana con la salida de Zaldívar, ya que en lugar de quedarse con un ministro afín un año más, ganará otra incondicional por 15 años. Asimismo, podrá encomendarle la elaboración de la reforma constitucional para someter la elección de jueces y ministros al voto popular y dar el tiro de gracia al Poder Judicial.
Más importante aún, Godoy y Zaldivar se convierten en piezas indispensables en caso de que los comicios arrojen resultados desfavorables para la alianza oficialista. La estrategia litigiosa podría incluir impugnar las elecciones o denunciar fraudes. Y, desde luego, proteger a los funcionarios salientes frente a las presiones que vendrán para exigirles cuentas o incluso demandarlos penalmente.
De la legalidad de la permanencia de la fiscal y la salida del ministro ni hablamos. Ha quedado claro que la finalidad política justifica violentar la Constitución, las leyes y la autonomía judicial.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@veronicaortizo
MAAZ