El Estado autoritario se puede definir como un centro de poder, cuyas decisiones son arbitrarias y en el que no existen mecanismos de control y fiscalización por los ciudadanos sobre sus acciones.
Lo que Octavio Paz llamó un "Régimen de Partido Hegemónico" y Mario Vargas Llosa, la “Dictadura Perfecta", fue el Estado mexicano posrevolucionario. Aunque en su mejor época, durante el llamado desarrollo estabilizador, este Estado promovió el crecimiento económico y fomentó un país de clases medias, nunca adoptó la democracia liberal como régimen político. Ese fue, sin duda, su mayor déficit.
Cuando, en la década de los 90s del siglo pasado, se pensó en modificar las estructuras del Estado autoritario para adaptarlo a las nuevas condiciones democráticas, republicanas y liberales, se idearon una serie de mecanismos de control y fiscalización que permitirían que el Estado respondiera a las necesidades e intereses de la ciudadanía. Era menester, en primer lugar, hacer realidad el ideal de la división de poderes. Pero esto no fue considerado suficiente: se puso en marcha, entonces, un ecosistema de cuerpos autónomos de vigilancia de los diferentes ámbitos de acción gubernamental.
Uno de los más importantes fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya tarea sería promover las condiciones para una mayor transparencia en la actividad pública. Se cumpliría, así, el sueño republicano: que los Gobiernos sean responsables ante los ciudadanos.
Quizás por ello es que el actual régimen obradorista enfocó sus esfuerzos en minar su legitimidad y en impedir sus operaciones.
Lo hizo mediante la fórmula de empantanar nombramientos de sus autoridades en el Congreso, con el fin último de imposibilitar sus trabajos.
Es una pena que así haya sido, pues todo el sexenio se ha ido en una especie de batalla de desgaste del INAI por parte del Presidente y su grupo. Todavía hace poco tiempo el Presidente sugirió desaparecer al INAI en el próximo gobierno y acabar con lo que él llama la duplicidad de sus funciones. Afortunadamente, ya había entrado en acción también la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sentenció que no es válido que se entorpezca la designación de sus comisionados y ordenó al Senado nombrar a tres de ellos cuyo mandato había vencido, permitiendo al pleno del organismo funcionar con tan sólo cuatro miembros.
Es verdaderamente kafkiano que el INAI, una institución ostensiblemente virtuosa, se encuentre en el centro del huracán de la lucha por el poder. Pero aquí estamos.
Al tiempo que se acerca la elección de un nuevo Presidente de la institución, el próximo mes de diciembre, va a ser fundamental que los comisionados tengan en cuenta el imperativo de que el INAI prosiga su marcha manteniendo su carácter autónomo e independiente. En esta coyuntura se hace necesario recalcar la importancia nodal de esta institución en el porvenir democrático de México.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S
@GDEHOYOSWALTHER
MAAZ