¿Por qué nuestra clase política es tan mediocre? ¿Por qué predomina entre nuestros servidores públicos el abuso, la incompetencia y la corrupción? ¿Por qué es tan raro que gobiernen los mejores y tan común que sean los abyectos u oportunistas? ¿Por qué la indecencia triunfa sobre los principios?
Porque en México el costo de todo aquello es pequeño y la recompensa alta. Se habla de instituciones débiles y leyes deficientes que permiten el abuso. Y sin duda es cierto, pero debemos vernos al espejo: hay también una ciudadanía de baja intensidad: que no se informa; y si se informa no le importa; y si le importa olvida rápido; y si no olvida, las más de las veces se queda en una queja privada que no trasciende a exigencias, acciones o castigos efectivos.
Pienso en la reciente y vergonzosa renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia. Un ministro del máximo tribunal del país, encargado de defender la Constitución, que abandona su cargo violando esa misma Constitución para hacer campaña por el partido del Presidente, frente a quien por mandato debía ser contrapeso. El Senado ni siquiera había debatido o votado su (ilegal) dimisión, cuando él ya estaba en los sets de televisión haciendo propaganda abierta –propaganda encubierta la llevaba haciendo mucho antes–.
Al mismo tiempo, el Presidente propone como reemplazo para ocupar por 15 años este cargo, uno de los más relevantes del Estado mexicano, a tres abogadas sin experiencia en derecho constitucional ni trayectorias acordes a la responsabilidad, pero que militan en Morena, son o han sido sus empleadas, y están vinculadas familiar y políticamente con sus subordinados.
Esta burla grotesca, que daña el orden democrático; esta traición a la vocación, al cargo y al país, que debería ser un escándalo mayúsculo con consecuencias graves, en México transita como un episodio más de nuestra normalizada disfuncionalidad. Pronto será desplazado del ciclo mediático y del debate público por un nuevo disparate u ocurrencia.
Algunos analistas explican esto en parte porque, para muchas personas, cosas como lo que suceda en la Suprema Corte resultan lejanas, etéreas. Batallas incomprensibles entre élites desconocidas a propósito de una institución enigmática, que no perciben que importe en su realidad cotidiana. Si esto es cierto, el problema sería pedagógico: en teoría, bastaría informar mejor al público, en este caso sobre qué hace y cómo funciona el poder judicial, de la importancia de su independencia, de cómo sus decisiones impactan en sus vidas, etc.
Sin embargo, vemos también que, por ejemplo, el abandono del gobierno a la población más pobre de Guerrero afectada por Otis, o casos de corrupción monumental como Segalmex, es decir asuntos que no requieren un conocimiento particularmente técnico para causar rabia o alarma, tampoco han movido suficientemente las adormecidas fibras morales de un país que, parece, mayoritariamente está resignado o de plano a gusto con quienes nos gobiernan.
Así, nuestra gran dolencia nacional no es exclusivamente la falta de información, sino la falta de civismo: la indisposición para reaccionar a dicha información; la incapacidad para sentir a México más allá de esa abstracción a la que le coreamos vivas los 15 de septiembre, y entenderlo como un verdadero proyecto colectivo del que a la vez somos parte y nos trasciende, integrado por instituciones, leyes, valores, derechos y responsabilidades.
Mientras no remediemos esta falla cívica y moral; mientras no haya una ciudadanía con capacidad de indignación que imponga costos reputacionales, políticos y electorales al abuso, la traición y la incompetencia de sus autoridades, por más instituciones y leyes, los Zaldívar, López-Gatell, Macedonios y similares no sólo quedarán impunes, sino seguirán prosperando.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
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