Hace unos días salió a la luz pública que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había solicitado a Telcel la entrega de registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de integrantes de la oposición, activistas y ciudadanos que piensan de forma distinta a la del oficialismo pero también de personas de su propio partido.
Estas peticiones fueron justificadas con motivo de supuestas investigaciones de secuestros y desapariciones, y aunque la Fiscalía ha negado tener carpetas de investigación por tales delitos así como haber solicitado dicha información, es innegable que estamos frente a un caso de espionaje por parte del gobierno morenista.
Con esta práctica, además de quebrantar el compromiso del inquilino de Palacio de poner fin a la vigilancia ilegal hacia los mexicanos, se está haciendo uso indebido de recursos públicos y vulnerando, entre otros, el respeto a la diversidad, la privacidad y la igualdad, lo que implica una grave violación a los derechos humanos.
Esta situación merece llamar la atención de instancias internacionales, ya que el gobierno morenista continúa implementando prácticas autoritarias, que ponen en peligro a las instituciones y a los ciudadanos. Acciones parecidas en Cuba, Nicaragua y Venezuela han acabado con la legalidad, la democracia y el Estado de derecho. ¡En México no lo podemos permitir!
Por todo lo anterior, la semana pasada denuncié ante el Parlamento Europeo esta práctica antidemocrática y nociva para nuestro país, y solicité la intervención de dicha institución para que se pronuncie sobre la gravedad de los hechos ya que estamos muy cerca de un proceso electoral que podría determinar el futuro de la vida libre y democrática de nuestro país.
Mariana Gómez del Campo
Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN
@MarianaGC
MAAZ