La tragedia de Acapulco muestra una vez más que la sociedad mexicana sabe reaccionar solidariamente ante situaciones de emergencia.
Tan pronto como se conoció la dimensión de los efectos del huracán Otis, empezó la organización de centros de acopio, la recolección de víveres y los intentos de trasladar ayuda inmediata a los afectados.
Esa es una característica de nuestra sociedad con la que contamos y confiamos, que se ha repetido en múltiples ocasiones y bien conocida por ante las autoridades, que deberían estar preparadas para recibir su participación en este tipo de circunstancias.
Por ello fue tan lamentable la reacción inicial del gobierno de buscar centralizar el reparto de víveres sólo a través de las Fuerzas Armadas.
No pocos sectores de la sociedad recibieron la instrucción como un mensaje de rechazo y de desconfianza, especialmente por las presunciones de que los grupos de la sociedad civil podrían “aprovecharse”.
Una vez más, el gobierno perdió la oportunidad de establecer un sólido mecanismo de colaboración para coordinar acciones, facilitar las tareas y mostrar su solidaridad y coordinación con quienes simplemente querían ayudar a los damnificados.
Lamentablemente no es sorpresivo ese tipo de trato a las organizaciones de la sociedad civil y a las iniciativas que buscan participar fuera del área de control de la esfera gubernamental.
Así ha ocurrido desde que se ordenó la desaparición de las estancias infantiles, hasta la fecha.
Sin embargo, una vez más la sociedad logró imponer su voluntad, a través de una protesta clara y enérgica en las redes sociales e incluso con la tramitación de un amparo que permitió a ciudadanos trasladar directamente la ayuda a los acapulqueños.
El gobierno tuvo que cambiar su posición, no sin manifestar su incomodidad.
Resulta paradójico que un gobierno tan preocupado por las contiendas electorales del próximo año, cuando ya inició el proceso electoral, mantenga este tipo de reacciones ante un sector de la sociedad que ha mostrado de muchas maneras su interés en participar en la esfera de lo público, con o sin los partidos políticos y que desempeñará un importante papel durante el proceso electoral en marcha.
Ni simpatizantes del presidente López Obrador que conozco entienden este tipo de actitudes.
Es claro que nuestra sociedad no cambiará y que cada vez exigirá con más injundia ejercer su derecho a promover iniciativas de colaboración y participación, cuando así lo estime conveniente.
Si el presidente López Obrador cree que se trata de manipulaciones, como lo afirmó en el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, está equivocado.
Para las diversas organizaciones de la sociedad el reto es encontrar maneras para fortalecer su presencia, como lo hicieron en su participación con los partidos del Frente Amplio por México. Las oportunidades están abiertas y del lado del gobierno parece que las puertas siguen cerradas.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL TEC DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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