En la compleja relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresariado mexicano, hay un sector con el que las interacciones conllevan a ciertas suspicacias: se trata de la comunidad empresarial de origen o ascendencia israelí-mexicana.
En los hechos, el discurso presidencial es de permanente tensión con el empresariado en general, especialmente con quienes han hecho fortuna en los negocios con el poder público. Hasta ahora, hay que decirlo con claridad, no se identifica un sesgo racista, discriminatorio y en concreto antisemita, que el autor de este texto haya advertido en la narrativa presidencial.
Y, sin embargo, las discrepencias entre los dichos y los hechos, suelen advertirse en numerosos casos. Al otro extremo de López Obrador, por ejemplo, se encuentran personalidades como Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien es prolijo en proclamas de colaboración y fraternidad, pero también, a decir de quienes se autoadscriben parte de la comunidad consultados para este texto, los hechos distan de ser fraternales.
Y en los hechos, el discurso del poder político ha instigado una desconfianza hacia el empresariado, una narrativa que ha sido abrazada y es reproducida por cuadros dirigentes y aspirantes de Morena a cargos de elección popular en las elecciones del próximo año.
En ese contexto, se pueden observar algunos casos emblemáticos de la actual administración. Figuras como la familia El-Mann Arazi, liderada por Max El-Mann.
Como se recordará, el grupo empresarial-familiar pagó 2 mil millones de pesos al gobierno federal, en compensación por un fraude a Infonavit durante la gestión de Alejandro Murat en el organismo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A estas alturas, no es novedad que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez, como la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, los mantienen bajo vigilancia.
Un caso más es el de la familia Zaga Tawil, inversionistas conocidos por Telra Reality. Ese grupo familiar estuvo también involucrado en el caso Infonavit que, mientras esperamos una versión definitiva de lo ocurrido, podemos decir que se debate ante la opinión pública entre ser afectados por los El-Mann o responsables de lo ocurrido. Lo que es un hecho, es que el Infonavit canceló los contratos de la empresa de los Zaga y Fibra Uno, de los hermanos El-Mann.
La lista sigue con Daniel Kabbaz, de Grupo Danhos. Cercanísimos a Marcelo Ebrard, y a Miguel Ángel Mancera el sexenio pasado, protagonizan el cluebrón en que ha resultado el llamado “Cartel Inmobiliario”, hasta ahora inconcluso.
Y están los casos de Jack Landsmanas, de Corportivo Kosmos, y de Ariel Picker, dueño de Seguritech. Landsmanas, ha sido vinculado reiteradamente a Marcelo Ebrard y, en su oportunidad, también a Enrique Peña Nieto. Es conocido por su acaparamiento de contratos de alimentos en prisiones, mientras Picker ha sido beneficiario de jugosos contratos en las pasadas administraciones del Estado de México.
Bien mirado, los casos plantean algunos denominadores comunes, en un contexto de polarización, así como de vigilancia y escrutinio a empresarios, particularmente a aquellos relacionados con la llamada “ingeniería fiscal”. La lista de empresarios bajo la lupa es, por supuesto, extensa y son evidencia de la tensión del sector público contra el sector privado.
Una de espionaje
La revelación de espionaje telefónico por parte de la fiscalía capitalina, dejó sinsabores en las oposiciones, destacadamente en las que decidieron alzar brevemente la voz para luego enconcharse. La excepción fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien asegura que la fiscalía ha perpetrado en su contra graves calumnias con motivación política.
El enojo no es para menos: la fiscalía estaba al tanto de sus llamadas, mensajes, geolocalización y todo, a partir de abrirle una absurda carpeta de investigación por secuestro en el estado de Michoacán.
Según Tabe, le han espiado hasta la mensajería de WahtsApp, asunto este de gran relevancia, por implicar como en los otros casos, un atentando a la democracia y la libertad que, por lo visto, como en situaciones del pasado (FinFisher y más tarde Pegasus), quedará impune.
FIN DE NOTA
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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