Finalmente, Marcelo Ebrard Casaubon no se fue a Movimiento Ciudadano. Se quedó en Morena y, sin duda, es la decisión más conveniente para el ex canciller, si bien en Morena hay núcleos que se preguntan con preocupación cuál será el costo, particularmente en términos de candidaturas, de esa permanencia.
Su temor es que se trate de un costo demasiado alto que Morena y sus aliados pagarían a costa de las aspiraciones de leales militantes. En realidad, curules y escaños -tan importantes para el plan C planteado por Andrés Manuel López Obrador- no deberían estar sujetas a negociaciones de ese tipo ni a cuotas de líderes, sino ser definidas con base en merecimientos y capacidades personales.
No hay duda de que Ebrard es un político con fuerza, la cual se ha mostrado en particular en el Congreso federal; además, posee enclaves también en los estados, en varias instancias gubernamentales e incluso en la Suprema Corte de Justicia. Uno de los talentos de Ebrard es su capacidad para colonizar espacios de poder, donde ubica a sus leales. Así puede explicarse que tanto Sheinbaum como Mario Delgado hayan enfatizado en estos días que en Morena no se admiten tribus ni corrientes, como las que existían en el PRD.
Puestas al servicio de una causa transformadora como la impulsada por AMLO, el talento y la fuerza de Ebrard podrían potenciar a la 4T. Condicionadas a las ambiciones de un solo hombre, corren el riesgo de volverse una perversión de la política, como lo acreditan diversos episodios en la competencia interna de Morena y en las tribunas legislativas. Sheinbaum debería tener presente estas circunstancias para frenar coloniajes malsanos que podrían dañar a la 4T, agraviar lealtades y erosionar su liderazgo en construcción.
Ebrard ha dicho que buscará la candidatura morenista de 2030, a la cual -naturalmente- tiene derecho, y uno de los desafíos que surgen concomitantemente es la necesidad de explicar en forma convincente las irregularidades -reales o supuestas- relacionadas con la Línea 12 del Metro. Está tan presente ese tema que, incluso ahora, hay quienes atribuyen la permanencia de Ebrard en Morena a una supuesta amenaza de persecución si no lo hacía.
La decisión de Ebrard, de quien insistentemente se dijo que buscaría la candidatura de Movimiento Ciudadano, dejó a Samuel García Sepúlveda, gobernador nuevoleonés, como casi seguro candidato presidencial del partido que liderea Dante Delgado y que gana escaños en el Senado incluso cuando no hay elecciones. Su próxima senadora es Laura Ballesteros, suplente de Xóchitl Gálvez.
En tanto, Nuevo León está aún en la incertidumbre sobre quién lo gobernará cuando García se vaya a la campaña. Había dos interinos: el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, propuesto por el gobernador, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, designado por el Congreso. Sin embargo, el lunes 13 de noviembre, la Corte dejó en suspenso ambas designaciones, al admitir dos controversias constitucionales.
Plus Online: El interinato de Nuevo León
Mediante recursos, resoluciones y vías distintas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a las mismas conclusiones que el postergado proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis, respecto del gobernador interino de Nuevo León.
El proyecto de Otálora fue retirado del orden del día de la sesión del miércoles 8 de noviembre de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese día, la ponente y el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron por la discusión y resolución del asunto, pero los otros tres magistrados (hay dos vacantes porque el Senado no nombra aún a los nuevos) sufragaron por el retiro del asunto. (Detalle del caso, en la Omnia del 9/11/23 https://rb.gy/5qhorh)
El lunes siguiente, la Corte admitió sendas controversias constitucionales, presentadas por el Ejecutivo y el Congreso nuevoleoneses, respecto del gobernador interino.
Ambas controversias fueron admitidas por la Corte y en cuanto a las suspensiones solicitadas se determinó concederlas respecto de:
La designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia como gobernador interino y la toma de protesta respectiva; y
El Acuerdo emitido por el gobernador para designar a un encargado del despacho durante su licencia.
En coincidencia con lo planteado en el proyecto de Otálora, la Corte dejó a salvo las facultades del Poder Legislativo local para designar al gobernador interino. La magistrada del TEPJF añadía una atípica pero pertinente orden al Congreso: cuidar la estabilidad política y “generar los consensos necesarios” en el órgano legislativo, a la hora de acordar el nombramiento del interino.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
PAL