El proceso electoral muestra ya la intensidad de las tareas que se realizan. El INE ha mantenido un ritmo constante de sesiones del Consejo General, normalmente los jueves de cada semana para aprobar todo tipo de acuerdos para preparar la elección. Se han sentado criterios para ampliar las posibilidades del voto de los mexicanos en el extranjero; se aprobaron acuerdos para facilitar el voto de las personas en condición de prisión preventiva; se están definiendo los criterios para organizar los tres debates entre las candidaturas presidenciales, en la búsqueda de hacerlos más flexibles, entre otros acuerdos. Es evidente el esfuerzo que realiza la nueva integración del INE para organizar con integridad la elección del año que entra.
Sin duda, las tareas no son fáciles, tanto por los diversos puntos de vista que convergen en el seno del Consejo General, como por la interpretación final y las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tal es el caso del acuerdo que emitió el Consejo General para definir las acciones afirmativas que se aplicarán para garantizar la representación de comunidades indígenas, personas discapacitadas, migrantes, personas afromexicanas y personas de la diversidad sexual. El debate no fue fácil en la mesa del Consejo General y ayer el Tribunal Electoral revocó dicho acuerdo, emitió criterios para su corrección y pidió al INE ceñirse a los criterios que ya se habían establecido para las elecciones de 2021. Por ejemplo, el tribunal pidió regresar al esquema de distritos indígenas que se había abandonado para esta elección. El Magistrado Felipe de la Mata fue muy elocuente en su crítica: “no hay marcha atrás”, afirmó. El INE tendrá que hacer, en muy poco tiempo, un ajuste sustancial al acuerdo.
Adicionalmente, el Consejo General enfrenta un reto nada fácil de resolver. El recorte aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto del INE para 2024, por lo menos pone en aprietos al organismo electoral, según afirmó la Consejera Carla Humphrey. Ciertamente no es un tema menor, pues 5,000 millones de pesos constituye un recorte muy alto para una elección presidencial. Aun cuando la mayor parte de ese recorte correspondería a una eventual consulta popular que hasta ahora no se realizaría, el INE deberá recortar casi 1,500 millones de pesos. El problema consiste en que la institución viene de varios años en los que se han recortado sus recursos. El riesgo es que este recorte pudiera afectar la capacidad técnica de la institución para garantizar la pulcritud de la elección. La experiencia del INE permite suponer que se realizarán los ajustes necesarios con el profesionalismo debido. Con todo, no deja de preocupar que las principales responsables del ejercicio presupuestal del INE, la Dirección de Administración y la Secretaría Ejecutiva, no cuenten con un titular votado por el Consejo General y estén en manos de encargadas de despacho.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
@ARTUROSANCHEZG
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
PAL