Todo indica que esta semana será investido Pedro Sánchez para un nuevo período como presidente del gobierno de España. Esta posibilidad, sin embargo, ha generado una enorme polémica en aquella nación, como consecuencia del acuerdo que Sánchez ha hecho con los independentistas catalanes que en 2017 proclamaron unilateralmente la independencia de aquella región española.
El pasado 23 de julio se llevaron a cabo elecciones generales que ganó el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, quien, no obstante, no obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento. La Constitución española establece que quien forma gobierno no necesariamente es el partido más votado, sino el que tiene la capacidad de conformar una mayoría legislativa.
En el caso de Pedro Sánchez, esa mayoría la ha conformado con grupos políticos muy cuestionables. Por un lado está la coalición Sumar, un conglomerado de partidos abiertamente comunistas y de la izquierda más radical, que no aceptan la monarquía como forma de Estado. Por otro lado, están los herederos políticos de la organización terrorista ETA, quienes nunca han mostrado arrepentimiento por sus crímenes y tampoco aceptan la Constitución española. Finalmente, están los independentistas catalanes encabezados por Carlos Puigdemont, un prófugo de la justicia a quien se le ha garantizado la amnistía por los delitos cometidos, así como la posibilidad de realizar un referéndum sobre la eventual secesión de Cataluña.
Es decir, por increíble e incluso absurdo que parezca, el futuro de España lo decidirán personajes y partidos que aspiran a destruirla. Varios militantes del propio Partido Socialista, como el histórico líder Felipe González, han mostrado su repulsa a este acuerdo.
Millones de personas se han manifestado en las calles en las últimas semanas en todas las grandes ciudades españolas, exigiendo a Sánchez que no forme gobierno con quienes no tienen una lealtad con el marco constitucional español. Hasta ahora no han sido escuchadas, y falta por ver si el rey Felipe VI se quedará con los brazos cruzados.
Quizá lo más grave es que en España se ha perdido el espíritu de reconciliación nacional que inspiró la transición a la democracia y que ha guiado la política nacional en los últimos 45 años. Más allá de diferencias ideológicas, los partidos tenían un compromiso con la Constitución, lo que permitió que España pudiera construir una democracia sólida y que se insertara con éxito en la Unión Europea.
Hoy esos grandes consensos se han dinamitado, y la situación política española es de inestabilidad y crispación permanente. El costo político y social de la nueva investidura de Pedro Sánchez será altísimo y los españoles tardarán varios años en pagarlo.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
PAL