Como bien sabemos, o quizá no del todo, en México vivimos en una República representativa y democrática que tiene como característica principal que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, el cual la ejerce por medio de los Poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, depositado en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo, depositado en un Congreso general, dividido en dos Cámaras, y el Poder Judicial, que reside en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.
La división de Poderes obedece a la creación de pesos y contrapesos y a que el poder absoluto no resida en una sola persona, en este sentido, los Poderes deben ser independientes entre sí y ninguno debería de prevalecer sobre los demás. En caso contrario, se podría caer en un gobierno autoritario y despótico, tal como lo describe Montesquieu en El Espíritu de las Leyes. Así, en este sistema horizontal de pesos y contrapesos, lo ideal sería que se tuviera una vigilancia entre estos, sin embargo, no parece aplicar para los tres Poderes.
Otra característica de la democracia en México es la rendición de cuentas, que, como lo expresa Schedler (2008), tiene dos dimensiones básicas, por un lado, la obligación de las personas servidoras públicas de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, por otro, incluye la capacidad de sancionar estos en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Además de estas dimensiones, existen tres tipos de rendición de cuentas, la horizontal (parte de la División de Poderes), en donde, en este sistema de contrapesos del que hablamos, las personas servidoras públicas responden e informan a otras instancias o Poderes sobre sus acciones y omisiones. La rendición de cuentas diagonal, en donde la ciudadanía acude a las instancias y mecanismos correspondientes para participar activamente en las decisiones públicas. Por otro lado, la rendición de cuentas vertical, y quizá la más importante de las tres, se da, principalmente, durante las elecciones.
En México, es muy claro cuando se da cada una en el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sin embargo, nos centraremos en la horizontal y la vertical; La rendición de cuentas horizontal, en el Ejecutivo, se da, entre otras ocasiones, cuando el Presidente presenta un informe por escrito ante el Congreso, en el que manifiesta el estado que guarda la administración pública del país, mismo que se amplía con las comparecencias de las personas titulares de las Secretarías de Estado, como lo establece el Artículo 69 de la Constitución; en el Legislativo y el Judicial, aunque no hay una comparecencia formal ante otro Poder, cuentan con Órganos de Control Interno y de Fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal (Aunque no vigila a la Suprema Corte de Justicia), es decir, áreas dependientes de ellos son las encargadas de vigilarlos.
Hablando de la rendición de cuentas vertical, en el Legislativo se da durante los informes anuales de las y los legisladores ante la ciudadanía y, evidentemente, en las elecciones, cuando muchos de ellos buscan la reelección o nuevos cargos de elección popular, de esta manera, su trabajo durante la legislatura se ve evaluado directamente ante el electorado; para el Ejecutivo, específicamente hablando de este sexenio, se ha visto con los informes que ha realizado anualmente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además, de manera indirecta, las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados sirven para evaluar el trabajo del Ejecutivo gracias al sistema partidista. En el Poder Judicial, no podemos encontrar alguna forma de rendición de cuentas vertical, dado que ningún juez o ministro se elige mediante voto popular o rinde algún informe a la ciudadanía.
En esta rápida evaluación de la rendición de cuentas en los Poderes de la Unión, podemos destacar que: El Poder Ejecutivo, llámese el Presidente de la República, es, de los tres, quien tiene una mayor rendición de cuentas ante otros Poderes, ante Órganos Fiscalizadores de este mismo Poder y del Poder Legislativo y, más importante, ante la Ciudadanía. El Poder Legislativo, si bien no rinde cuentas directamente ante otro Poder, sí lo hace ante la ciudadanía y el electorado. En cambio, el Poder Judicial, solo responde ante los Órganos de Fiscalización y mecanismos internos, como el Consejo de la Judicatura Federal, aunque los once ministros y ministras, cabeza del Poder, no responden ante él.
Así, surge la pregunta ¿ante quién o quiénes responde el Poder Judicial? Si bien para la composición de este participan tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial no responde ni comparece ante otro Poder, como si lo hace el Ejecutivo, ni ante la ciudadanía, como si lo hace el Legislativo. Entonces, aun cuando nos encontramos en una República Democrática, el Poder Judicial no parece entender este precepto democrático y, en cierta forma, posee un privilegio que otros Poderes no tienen, al grado de sentirse intocables, impunes y tener una jerarquía sobre el Legislativo y el Ejecutivo.
POR RENÉ ABRAHAM RUEDA GONZÁLEZ
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