La protección civil y la prevención de desastres en México y el mundo entero son un tema de vital importancia para la mayor parte de las naciones y por supuesto de las economías en todo el orbe internacional. Su estudio e implementación no deben tomarse a la ligera, pero, sobre todo, deben entenderse en todo momento como la mejor inversión a largo plazo que puede hacer cualquier gobierno en torno al bienestar de su población.
La protección civil gestiona y coordina las acciones destinadas a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas. Por esta razón, es que este sistema está formado por diferentes servicios, recursos públicos, privados, así como diferentes niveles de las administraciones públicas. Todo con la finalidad de actuar antes, durante y después de las emergencias.
Estos niveles de actuación hacen la diferencia entre la improvisación y el eficiente proceder de una nación ante cualquier situación inesperada a la que pudiera enfrentarse. Una muestra de ello se puede apreciar en los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas, a través del Plan DNIII o de la Comisión Federal de Electricidad. De estos últimos, sus resultados demuestran que sus alcances operativos y de respuesta ante un desastre de tales dimensiones como el que acaba de ocurrir, son colosales, (a tres semanas de haber tocado tierra el huracán Otis, en el puerto de Acapulco el 99% del servicio ha sido restablecido en la zona de afectación).
La previsión, prevención, planificación, intervención, información y rehabilitación son componentes claves para el adecuado actuar de todos los organismos encargados de brindar calidad en el servicio de protección civil, pero lo más importante es saber que dentro de este conjunto de etapas de organización, planeación o implementación, existe un esfuerzo en conjunto de habilidades que involucran a gobiernos, organizaciones, comunidades y ciudadanos con el propósito de promover la seguridad y la resiliencia ante situaciones de emergencia.
Por todo ello, es que la protección civil no es un juego y mucho menos un área que pueda dejarse a la deriva sin la adecuada dirección de sus acciones. Su pertinente gestión es crucial para el desarrollo y estabilidad del país. Ante ello, es complicado pensar que el liderazgo ejercido por la historiadora en arte, Laura Velázquez Alzúa, quien además ha tenido a su cargo otra clase de responsabilidades administrativas y direccionales dentro de la administración pública de la Ciudad de México, pero jamás en materia de protección civil, pueda dar buenos resultados en este rubro.
Lo anterior, evidentemente no es una condicionante, (la experiencia en materia de protección civil o prevención de desastres) para ocupar el cargo en donde actualmente se encuentra, pero sí debiese ser un componente inexpugnable con relación al análisis y funcionamiento del puesto, para poder dirigir la dependencia que tiene el objetivo de ofrecer prevención, auxilio y recuperación frente a los desastres naturales.
El otro tema polémico para analizar y revisar con detenimiento en la esfera de la prevención de desastres y la protección civil que gravitan alrededor de lo ocurrido en Acapulco en fechas recientes, ha sido el presupuesto destinado a poder atender esta clase de factores estratégicos y claves en el desarrollo de la nación.
Actualmente, se sabe que México cuenta con el "Programa para el Fondo de Desastres Naturales", que tiene como objetivo principal llevar a cabo programas y proyectos destinados a mitigar los daños provocados por fenómenos meteorológicos.
En este orden de ideas es de destacar que el presupuesto estimado para este programa en el PPEF 2024, es de 18 mmdp.
De acuerdo con el gobierno federal: “a lo largo de 2023, se han realizado transferencias a diferentes dependencias y entidades federales por los siguientes conceptos:
10.8 mdp para la atención de emergencias. 133.2 mdp para acciones inmediatas post-desastre. 5 mmdp destinados a programas de reconstrucción. 1.2 mmdp para renovar el Seguro Catastrófico 2023-2024”.
Ahora bien, lo que estas cifras destacan es que lamentablemente el carácter previsorio de la planificación no es lo suficientemente eficiente como para ahorrar mayores recursos económicos en la atención post-desastre y evidentemente en la reconstrucción de los daños provocados por algún evento natural de dimensiones catastróficas como el que acaba de acontecer.
Es decir, se sigue empleando más dinero a tratar de mitigar o disminuir los efectos de los desastres naturales; que, en su comprensión, análisis y trazabilidad, lo cual podría ayudar a salvar más vidas y hacer más eficiente la distribución geoespacial de la infraestructura urbana. Es bueno estar preparado para un desastre con todos los recursos económicos necesarios para mitigar sus consecuencias; pero es mejor, tratar de disminuir estas últimas a niveles manejables y tratar de evitar al máximo el gasto masivo en aspectos como la reconstrucción de hoteles, carreteras u hogares de personas que lo han perdido todo.
Tener actualizado un atlas de riesgos y una agenda de la misma naturaleza, son factores claves para dimensionar y ubicar de mejor manera, las zonas con una amenaza potencial alta de que ocurran. Lo que un suceso como este, ha dejado como enseñanza a la administración pública, es que el seguimiento en el cumplimiento de protocolos de actuación y la gestión de recursos humanos y económicos, es vital para la factibilidad del futuro inmediato de la nación y su competitividad en el entorno estratégico a nivel mundial.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAL