Antes de abordar el problema de los actos de rapiña, saqueo o robo que se han registrado en Acapulco tras el paso del Huracán “Otis”, es necesario aclarar que jurídicamente se considera rapiña al robo o saqueo realizados con violencia, por lo que todo lo registrado a plena luz del día en tiendas departamentales y de conveniencia son delitos, aunque la presidenta municipal haya dicho que se trató de actos de “cohesión social”.
Asimismo vale la pena aclarar que la mayoría de los hechos que la ley señala como delitos comienzan como una falta administrativa menor que no amerita sanción de tipo penal alguna, quizá a eso se refirió la alcaldesa para no quedar mal ante sus gobernados, sin embargo en la medida que se les deja crecer pueden evolucionar hasta reunir los requisitos que las caracterizan como delitos, es decir se convierten en una conducta típica, antijurídica y culpable. La anterior definición sugiere que la conducta pre jurídica o pre típica no tiene relevancia y que lo único jurídico penalmente relevante es la conducta típica, tal como sucedió en los saqueos y robos registrados en los días posteriores al embate del huracán.
Partiendo de esta premisa, la preocupación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es que no se incrementen los delitos y que los cometidos por los habitantes de Acapulco en la actual coyuntura sean considerados faltas menores, lo cual además de ambiguo representa el mayor reto en términos de seguridad y gobernabilidad.
No obstante, en la práctica no hay una línea divisoria que indique con exactitud en que momento surge el delito o cuando evoluciona en algo más grave, por lo que la atención está enfocada en la administración del riesgo más que la gestión del mismo, es decir equilibrar aquello que es necesario sancionar con lo que es conveniente dejar pasar. Algo así como caminar en los linderos de lo legal y lo ilegal, y sobre la marcha determinar dónde apretar y dónde no, a quién se detiene y a quién no, dejando que los infractores se vayan pero que dañen lo menos posible, es decir que aun cuando no haya “toque de queda” tácitamente hay un estado de excepción.
Bajo cualquier circunstancia, disponer de 17 mil efectivos entre elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para tener bajo “control” las gasolinerías y comercios, así como patrullajes disuasivos, retiro de escombros, barrido de calles, acopio y distribución de alimentos, no van a ser suficientes ya que ante el riesgo de saqueos y robos ahora en casas particulares, habitantes de las colonias alejadas de la Costera Miguel Alemán han cerrado calles y formado “rondas” de autodefensa, valiéndose de machetes y barricadas.
Por lo anterior, va ser necesario desplegar por lo menos otros 10 mil elementos, aunque lo ideal sería que no operaran solos sino acompañados de policías estatales y municipales que son los que tienen atribuciones para realizar detenciones en flagrancia. El referente más cercano en términos de despliegue policial para resolver problemas de violencia fue Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en 2010 fueron comisionados más de 9 mil policías. Solo que para disponer de tal cantidad de efectivos tendrían que dejar desprotegidas otras entidades con altos niveles violencia. Me temo que si no se destina una cantidad adicional, el riesgo de un estallido social seguirá latente, no olvidemos que la ayuda humanitaria también se acaba y con tantas trabas que ha puesto la autoridad federal, pronto dejará de fluir y vendrán más problemas sociales, económicos y de violencia asociada a diversos delitos, por más que la autoridad diga lo contrario.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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