El Maximato fue un periodo en la historia mexicana que abarca de 1928 a 1934, donde el expresidente Plutarco Elías Calles manejó la política y el gobierno bajó su influencia, puso en ese periodo a tres presidentes y solo él tomaba las decisiones en una democracia que apenas estaba en construcción.
A casi 100 años de este evento histórico, pareciera que este sexenio volvió a aquel tiempo en donde solo una persona toma las decisiones del país, ya que los representantes de ambas Cámaras sólo siguen las indicaciones tomadas desde Palacio Nacional sin interponer alguna resistencia.
Un ejemplo de ello es la lucha que emprendió el titular del Ejecutivo contra el Poder Judicial, y que tuvo otro episodio el pasado 4 de octubre, cuando la bancada de su partido en la Cámara de Senadores, junto con aliados, rechazaron la terna que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar la vacante de magistrada para la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Previo a la votación de la designación se filtró un audio en el que el Coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, aseguraba que la votación sería en contra de la terna que enviaría la SCJN, en él se daba certeza de que ya tenía los votos necesarios para que no pasara la propuesta. La razón por la que los senadores oficialistas hicieron esta negativa no es clara.
Otra de las acciones que demuestra que los diputados oficialistas buscan satisfacer lo que el Presidente quiere es en la nueva propuesta de ley en la que pretenden desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de “recuperar” 15 mil 450 millones de pesos. Bajo el argumento de utilizar este recurso para los programas sociales y proyectos de infraestructura.
Los argumentos dados por parte de los diputados de Morena carecen de sustento, sólo hacen eco de lo dicho por el Presidente. Si se revisa el proyecto de ley se encontrará que no hay información sobre las consecuencias a los trabajadores del Poder Judicial a los que afectaría, ni ninguna otra pista que nos haga pensar en un análisis de decisiones a fondo.
A los recientes ataques a la SCJN solamente falta agregar el presupuesto que esta administración plantea quitarle por la “austeridad republicana”, lema del presidente López Obrador. Los recortes al máximo tribunal no sólo afectarían la labor que se realiza en el Poder Judicial, impactaría en que la población mexicana pueda acceder a un sistema más justo, al incremento de la impunidad y, como daño colateral, a la violencia también.
Este último año de gobierno se espera que el Presidente, junto con los diputados y senadores, hará uso del poder del Estado para atacar de varias maneras al máximo tribunal, sólo porque ha actuado conforme a derecho para fallar en contra de varias leyes que son violatorias de Derechos Humanos, y en otras, porque no se ha seguido el protocolo legislativo; aquí las consecuencias de hacer leyes sin antes ver los efectos negativos hacia la población.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ