Con la reciente conmemoración de la masacre del 2 de octubre hizo eco en redes sociales la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador la participación del Ejército mexicano en dicho acontecimiento. El mandatario dijo lo siguiente: “…debemos de tomar en cuenta que el Ejército Mexicano surge de un movimiento revolucionario, surge para restablecer la legalidad después de un golpe de Estado, no es un ejército como otros, es un ejército popular, los soldados son pueblo uniformado, eso tiene que tomarse en cuenta— bueno, también considerar que, en esos momentos difíciles, como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. ”Esta explicación fue criticada por varios, pues para muchos implicó reivindicar a la institución castrense. Con un miedo a la militarización que atraviesa varias partes de la sociedad mexicana, las palabras del presidente generaron temores.
México, a diferencia de muchos de sus vecinos en América Latina, ha mantenido un pacto cívico-militar no escrito desde la postrevolución, evitando así la tentación de una dictadura castrense. El acuerdo surgió con la llegada de Miguel Alemán en 1946, marcando una lealtad del ejército hacia la figura presidencial. Esto no implicó la separación de las fuerzas armadas, de hecho, se creó una relación cercana entre el PRI y la institución, ambas partes con varios intereses que se conectaban en uno solo: mantener el gobierno actual, su control de la política, lo cual se traducía a proteger a la nación de los enemigos que el régimen se inventase.
El ejército, en su esencia, es una extensión del Estado. López Obrador señaló que es un ejército del pueblo y para el pueblo, buscando meter a las fuerzas armadas en su definición del pueblo aliado a él. No obstante, Tlatelolco también nos muestra cómo este mismo ejército puede ser utilizado contra la población cuando se perciben amenazas al estatus quo. El movimiento estudiantil del 68 fue visto como tal amenaza y la respuesta del Estado fue una violenta represión.
Si bien es cierto que el Ejército Mexicano tiene raíces en la Revolución y ha desempeñado un papel crucial en el país, su involucramiento en eventos como Tlatelolco expone la complicación de su rol. Las fuerzas armadas no están exentas de ser herramientas de poder político, especialmente cuando la estabilidad del Estado se ve amenazada.
La Masacre de Tlatelolco es un claro ejemplo de cómo el Estado justifica el uso de la violencia en nombre del orden y la paz. Pero ¿cuáles son los límites de esta justificación? ¿En qué punto la preservación del sistema justifica asesinar a civiles? Estas preguntas permanecen vigentes y nos recuerdan que el poder estatal, cuando se combina con el militar, tiene consecuencias devastadoras.
POR IGNACIO ANAYA
COLABORADOR
@Ignaciominj
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