La violencia política, con sus variantes que se conjugan y entrelazan, es un lastre para las mujeres y para la sociedad misma; impide el desarrollo de ellas en la esfera pública e inhibe su participación para acceder a los cargos públicos por el temor de ser violentadas por cuestiones de género.
La lucha es histórica, sí, pero sigue y resiste. Por eso resulta tan relevante la reciente sentencia SCM-JDC-170/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que al menos dos medios de comunicación ejercieron violencia política de género y ordenaron emitir las medidas de reparación del daño en favor de una ex servidora pública agraviada.
El camino de los órganos jurisdiccionales electorales es largo y, puede ser, hasta tortuoso. En muchos casos, se pierde por cuestiones procesales o porque prefieren evitar entrar al fondo de la controversia. Por eso esta resolución aprobada por mayoría, el pasado 28 de septiembre, puede resultar histórica. Y es necesario que se conozca y se publicite, sólo así quienes ejercen cualquier tipo de violencia o de todo tipo de violencia, empezarán a ver límites y consecuencias.
El proyecto de sentencia elaborado por la magistrada María Guadalupe Silva Rojas argumentó que la ex alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, sufrió violencia simbólica y estética, en el marco del proceso electoral 2021, cuando se hicieron publicaciones basadas en estereotipos sobre su imagen (su manera de vestir, color de piel, cabello y peso).
La magistrada ponente explicó que, con esa sentencia, también se podría abonar a un mejor periodismo en México, para que en las campañas que están por llegar “no se ataque a las mujeres por su apariencia física”; pero yo agregaría más, tampoco se agreda -en base a estereotipos de género- a su familia, hijas e hijos, ni se afecte su intimidad, mientras esta no sea parte de la esfera pública.
Ese tribunal ya se ha pronunciado que el lenguaje, conformado de comunicación, tiene implicaciones importantes en la lucha contra la desigualdad.
Así la mayoría que resolvió este caso, consideró que las expresiones denunciadas al cosificar a las mujeres, implican violencia psicológica y simbólica, “además resultaban innecesarias para generar una opinión pública informada en el contexto de una contienda electoral, y no abonaron a un debate público con talante democrático”.
Si bien el contenido de las notas periodísticas y columnas deben analizarse a la luz del derecho a la libertad de expresión, debe guardar sus límites en el respeto a los derechos de otras personas, entre otros, el de vivir una vida libre de violencia, el derecho a la intimidad o al de protección de datos personales.
Hay que decirlo también está sentencia es solo un paso, de muchos más que habrá que dar, para que se destierren del debate electoral, político y público toda clase de estereotipos y violencias de género.
Replico aquí una frase que pronunció Yndira Sandoval, constituyente, politóloga feminista y especialista en derechos humanos, al hablar de la reforma constitucional federal por la que se validó lo que conocemos como declaración 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres: “No tenemos que aguantar vara”. Y que se escuche fuerte y se repita: “No tenemos que aguantar vara”.
POR NALDY RODRÍGUEZ
Twitter @ydlan
MAAZ