Pasaron nueve años de la “noche de iguala” y seguimos buscando verdad y justicia. La investigación impulsada por el gobierno de López Obrador tiene por delante meses cruciales para cumplir con el compromiso asumido con los familiares de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. No será fácil, pues la investigación enfrenta resistencias internas que habrá que vencer para llegar hasta las últimas consecuencias.
En esta coyuntura resulta fundamental recordar que el caso de Ayotzinapa no es sólo una demanda de los familiares sino una oportunidad para romper con las inercias autoritarias y represivas incrustadas en el Estado. Para ello señalaremos la relevancia estructural que tienen las dos vertientes en las que se ha centrado la investigación.
La primera se entrelaza con los propios sucesos ocurridos entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. Lo ocurrido muestra, sin tapujo alguno, la complementariedad entre el crimen organizado, la política representativa y las corporaciones de seguridad del Estado. Lo que sucedió en Guerrero no fue una excepción. La crisis de seguridad en la que se encuentra el país fue promovida desde el propio Estado y no podremos revertirla sino atendemos esta situación.
Las condiciones que hicieron posible lo que sucedió en Iguala se replican a lo largo y ancho de la vasta geografía nacional. De aquí que el caso Ayotzinapa sea ejemplar y que su adecuada resolución significaría poner en cuestión el pacto de impunidad que ha solapado la convivencia entre redes criminales y funcionarios corruptos.
La segunda vertiente de la investigación es la infame “verdad histórica”, orquestada desde lo más algo de la jerarquía institucional del gobierno de Peña. Es, sin duda, donde la investigación ha logrado más avances. La adecuada resolución del encubrimiento, bien catalogado por Encinas como una segunda desaparición de los 43 estudiantes, resulta clave para avanzar en la reconstrucción de los hechos de aquella noche.
Es así pues el único objetivo de esa operación de Estado fue encubrir aquella red de complicidades, destruyendo con ello evidencias, alterando las escenas del crimen y sembrando líneas de investigación que no conducen a nada. Para llegar a la verdad de los hechos de Iguala habrá que abrirse paso en esta maraña que, por cierto, no se limita a la alta jerarquía institucional.
Y es aquí donde radica la importancia de esta segunda vertiente. Durante décadas el Estado mexicano fomentó la creación de una burocracia especializada en el encubrimiento de la violencia estatal y paraestatal. La carrera de muchos servidores públicos tuvo como único propósito servir como engranajes de esta maquinaria de represión que sigue enquistada y operando en las instituciones públicas.
No extraña, por lo tanto, que la investigación haya encontrado resistencias internas pues su propio objetivo es desmantelar esta burocracia para lograr así una ruptura al interior del Estado. Independientemente de hasta dónde llegue la investigación, el próximo sexenio debe continuar con una política de la verdad que ayude a clausurar este pasado todavía presente.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
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