A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, en los Estados Unidos Mexicanos se consolidaron los derechos humanos así como las garantías para salvaguardarlos. El artículo primero constitucional es un instrumento que sirve para obligar a todas las autoridades a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, de ahí que, cuando se violan estos derechos, el Estado Mexicano deberá sancionar y repararlos.
Desafortunadamente hay ciudadanos que abusan de esos derechos y se consideran “intocables”, ya sea por su poder adquisitivo, por sus contactos, por la corrupción en el país, por tener presencia en el gobierno.
Un ejemplo de ello es lo que sucede entre una senadora de la república y un empresario mexicano que, mediante redes sociales, se atacan, ofenden y denigran constantemente, argumentando que tienen derecho a la libertad de expresión, pues este derecho avala poder manifestar el pensamiento propio, y garantiza un intercambio de información protegiendo la comunicación de los puntos de vista de las personas.
Hay que hacer énfasis en que los derechos terminan donde empieza los derechos de los demás, por lo tanto, este derecho fundamental tiene límites consistentes en el respeto a la vida privada a la moral y a la paz. Es por ello que, la Suprema Corte de Justicia de Nación ha establecido que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria.
El Poder Legislativo adicionó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el Capítulo IV BIS, que define a la violencia política, además establece quienes pueden ser los perpetradores, incluyendo a los particulares.
Esta restricción a la libertad de expresión es necesaria en el País, pues regula el actuar de los servidores públicos y de los ciudadanos para detener cualquier acción que tenga por objeto menoscabar los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así como su libre desarrollo, su libertad de organización y la toma de sus decisiones.
Es por ello que, tanto la senadora como el empresario mexicano tienen la obligación de respetarse mutuamente, de lo contrario pueden ser sancionados por la autoridad responsable, ya que nadie está por encima de la ley; por lo tanto, esas agresiones verbales a través de mecanismos para conectar personas de manera digital no están permitidas en la legislación mexicana.
No debemos seguir permitiendo actos de discriminación, odio, misoginia y faltas de respeto entre nosotros como mexicanos; el país se encuentra dividido por decisiones políticas que nos consideran “fifís” o “chairos”. Ahora más que nunca debemos, los mexicanos, poner de nuestra parte y respetar los derechos de los demás para vivir en un país mejor y libre de cualquier violencia.
POR TIRSO DE LA TORRE
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA BARRA MEXICAN, COLEGIO DE ABOGADOS, AC
@TIRSODELATORRE
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