La designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, corona una serie de acciones que, en la procura de maquillar cifras y proteger intereses creados, terminó por convertirse en un yerro sexenal irreversible.
Dichas acciones iniciaron con un manejo poco afortunado de identificaciones fallidas, un intento penoso por rasurar el registro de personas desaparecidas y, finalmente, la renuncia de la comisionada Karla Quintana el pasado 24 de agosto.
Más penosa aun fue la salida del veterano de la izquierda, Alejandro Encinas, quien durante cinco años batalló desde una subsecretaría de Derechos Humanos acotada que, finalmente quedó rebasada por un militarismo presidencial que sin pudor ni recato lo descalificó de manera pública.
La tragedia humanitaria que representa la desaparición de más de 112 mil mexicanos, no fue relevante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien, en su último año, designó como comisionada de Búsqueda a Tere Lupe Reyes, como se le conoce entre morenistas, una funcionaria que ha transitado el sexenio en intentos fallidos de construir estructuras electorales, de entrada con la creación de los Servidores de la Nación.
La administración de programas de ayuda social en México ha sido una prioridad destacada en el gobierno de López Obrador, tanto en el presupuesto como en el discurso. Sin embargo, los Servidores de la Nación, la estructura encargada de distribuir estas ayudas, enfrentó serias dudas sobre la gestión de recursos públicos.
Unos de 600 millones de pesos ejercidos en 2019 desaparecieron en una maraña de inconsistencias, omisiones e irregularidades, según una auditoría forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Auditoría reveló un desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento crucial para dar certeza sobre el destino de los recursos. El PUB debía basarse en el Censo del Bienestar, una tarea realizada por los Servidores de la Nación, quienes comenzaron a levantar listas desde el periodo de transición, sin un marco legal que respaldara su labor.
La revisión de la "Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación", donde se observa el monto por aclarar de más de 3 mil millones de pesos. Un primer pliego de observaciones identificó 2,965 millones 802 mil 71 pesos en irregularidades relacionadas con la nómina de los Servidores de la Nación.
Un segundo pliego de observaciones suma 74 millones 781 mil 891 pesos y también involucra nóminas. En total, la auditoría establecía un monto por comprobar de 3,040 millones 583 mil 962 pesos, casi igual al presupuesto total ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación en 2019.
Cuatro días antes de hacer pública la información, en febrero de 2021, la ASF reculó y dejó en casi 600 millones de pesos las irregularidades. La falta de transparencia y de claridad sobre el destino de estos fondos es preocupante tanto como el cambio de última hora en los cálculos de la ASF, sometida a presiones desde el primer año de gobierno.
Lo que si reveló la ASF fueron los errores e inconsistencias en periodos de pago y de contratación, así como diferencias entre comprobantes fiscales emitidos y nóminas pagadas. Además, detectó problemas con los registros de los Servidores de la Nación en relación con sus cuentas bancarias, con casos en los que los números de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que no coincidían con los beneficiarios y en los que un mismo RFC se usaba para dos o más personas. También se encontraron claves interbancarias compartidas por varias personas.
Por si todo eso no fuera bastante, la nómina y la figura de “servidor de la Nación” no figuraban en el Presupuesto de Egresos. Todo quedó impune. La promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias contra siete servidores públicos de alta jerarquía dentro de la estructura de los Servidores de la Nación, entre ellos y de manera destacada, Tere Lupe Reyes, pues era la coordinadora de “superdelegaciones”.
Una de las cosas más hilarantes por vergonzosa fue el sistema de comunicación. La funcionaria era tan neófita en el servicio público que desconocía que debían integrarse expedientes y mantuvo toda instrucción, contratación e información para integrar el PUB, por ejemplo, mediante mensajes de WhatsApp.
Protegida, antes de que su jefe y amigo Gabriel García fuera echado en 2021, Tere Lupe fue designada directora del INEA, desde donde quiso crear una estructura electoral que no resultó.
Para alguien con tantas deficiencias en su desempeño padronero, el nuevo cargo como Comisionada Nacional de Búsqueda pareciera tener el cálculo perverso de que el registro salga todo mal.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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