Como diputada federal y miembro de la Comisión de Infraestructura, es mi deber representar los intereses de mi estado de origen, Veracruz, y abogar por el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes del país. En ese sentido, he expresado mi profunda preocupación y desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2024 y en consecuencia con la opinión propuesta de parte de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.
La opinión legislativa de ese órgano colegiado dominado por el oficialismo, parte de buenos deseos con una dosis notable de demagogia, porque aseguran que los proyectos de infraestructura prioritarios y caprichosos de este gobierno federal, son financiados en estricto apego a los principios rectores de honestidad, austeridad republicana, transparencia y combate a la corrupción.
Hay complacencia en el documento propuesto porque se cita que integralmente el monto económico para ejecutar los proyectos de inversión gubernamental se reducen en un 37% en relación con el año pasado, situación que sólo se asume y no se critica. Es esencial que los recursos destinados a infraestructura pública, estén a la altura de las necesidades de nuestro país y, en mi interés particular, de Veracruz. La infraestructura es un pilar fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la población.
Veracruz, en virtud de su vasta geografía y diversidad social, requiere de una inversión significativa en una serie de rubros de infraestructura. Esto incluye carreteras y caminos para la conectividad y el transporte eficiente, infraestructura hospitalaria y escolar para brindar servicios de calidad a nuestros ciudadanos, así como infraestructura hidráulica, portuaria y aeroportuaria para fomentar el comercio y la inversión. Además, Veracruz, en su papel destacado en la industria petrolera y pesquera, necesita una infraestructura adecuada para impulsar estos sectores.
El año pasado, hubo promesas de crear un fondo tripartita con recursos federales, estatales y municipales para infraestructura, pero estas promesas quedaron en la retórica. La falta de voluntad real para materializar este fondo pone en duda la seriedad de los compromisos asumidos por esto que llaman la 4T.
En contraste, los grandes proyectos de infraestructura que parecen destinados a ser ineficientes elefantes blancos o con un beneficio social marginal, cuentan con un presupuesto considerablemente mayor y no manejado por la Secretaría del ramo, sino por militares.
Si se dictaminó sobre la anulación de fideicomisos del poder judicial en una comisión sin atribuciones específicas en el tema, parece que la lógica gubernamental distorsionada sugiere que para proponer proyectos de infraestructura, en lugar de hacerlo en esta Comisión de Infraestructura, debemos acudir a la Comisión de la Defensa
Nacional, lo cual resulta muy penoso por decir lo menos.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
Diputada federal
@lorenapignon_
MAAZ