El Presidente de la República y la mayoría obradorista en el Congreso están cometiendo una doble infamia, cuyas consecuencias se dejarán notar al menos de aquí a las elecciones del 2024.
En primer lugar, existe, desde luego, un acoso a la independencia del poder judicial. Siempre guiándose por encuestas de opinión, el cálculo del régimen parece ser que, a diferencia de lo que ocurrió con las masivas marchas para defender al INE, esta vez la sociedad no se movilizará para apoyar al poder judicial. Al juzgar por la sorprendentemente nutrida marcha en favor de los trabajadores que laboran en el sistema judicial, el Presidente y su grupo parecen equivocarse en su estrategia. La sociedad sí valora la separación de poderes y estima el papel del poder judicial en una República.
En segundo lugar, la agresión contra el poder judicial es también un atentado contra el derecho laboral, en particular y, contra la causa de los trabajadores, en general.
Quizás muchos no consideraron que la elección de 2018 iba a significar un deterioro de las condiciones de los trabajadores, especialmente los del sector público. Efectivamente, con una agresividad digna de mejor causa, el régimen obradorista se ha lanzado contra servidores públicos, al reducir prestaciones y otros beneficios legítimamente ganados en el pasado. Su argumento para hacer esto no es razonable, pues su acusación de que los empleados públicos son corruptos carece de pruebas, se sostiene en la calumnia y se funda en generalizaciones.
Afortunadamente, durante años, el país ha logrado construir un sistema jurídico que permite a sectores de la sociedad defenderse contra leyes inconstitucionales e injustas.
Uno de estos recursos es el amparo. Así, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha anunciado que ejercerá la representación legal de todas y todos sus asociados para promover una acción de amparo en demanda única contra el decreto de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos.
En los hechos, este recurso de amparo busca proteger a más de 1,400 juezas, jueces, magistradas y magistrados, contra las consecuencias de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que permiten las labores permanentes y de alta calidad por parte de nuestro sistema judicial. Se espera que la demanda de amparo sea presentada en el momento en que la reforma de Ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Esto no implica que otros afectados no busquen recurrir a otras demandas de amparo y se espera también que miembros de la oposición en el Congreso recurran a los recursos legales que les permite la Ley.
En última instancia, será la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida sobre la constitucionalidad de la Ley que afecta a muchos de sus miembros. El hecho de que sea la propia SCJN la que decidirá sobre un caso en el que parecería que será una de las partes en disputa en un juicio, seguramente hará que el Presidente y su grupo busquen fustigarla ante la opinión pública.
La cuestión tiene varias aristas y se decidirá en varios campos: el jurídico, el político y el de la opinión pública. Por ello, la estrategia de defensa debe ser múltiple. Pero es seguro que el poder judicial y la sociedad civil que lo apoya están del lado correcto de la justicia.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S
@GDEHOYOSWALTHER
MAAZ