Dinamita pura sobre los cimientos del último dique de la democracia mexicana y el estado de Derecho prendió la cuatroté, por órdenes del presidente Andrés López Obrador, con la aprobación de la mayoría oficialista en el Congreso de la iniciativa para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ni siquiera se trata de ese oligofrénico cuento de quitarle 15 mil millones de pesos, con la invención de que se trata de dinero para “privilegios” de los ministros de la Suprema Corte y magistrados.
Si fuera un asunto de pesos y centavos, el Presidente y su grupo político estarían ocupados en recuperar los miles de millones de pesos desfalcados durante su administración.
Por ejemplo, la diputada del PAN María Elena Pérez-Jaén, con información de las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021, documentó irregularidades por casi 20 mil millones de pesos: en Segalmex, 10 mil 530 millones; en Diconsa, siete mil 39 millones; y en Liconsa, dos mil 200 millones. De hecho, interpuso 45 denuncias ante la FGR, 144 ante la Función Pública.
Sin embargo, Ignacio Ovalle, quien dirigía Segalmex durante los años de desfalco, no ha sido tocado ni con el pétalo de una amonestación.
Y eso que estamos hablando de una cantidad superior en cinco mil millones de pesos a los que intentan arrebatar al Poder Judicial, con la diferencia de que los recursos de los desfalcos en Segalmex, Liconsa y Diconsa sí son recursos públicos, mientras que los del PJF son fondos mixtos, es decir, una gran parte es aportada por los trabajadores y otra por el erario.
A todas luces, la extinción de los fideicomisos se trata de un asunto de poder, no de dinero. Poder, para perpetuar, sin obstáculo alguno, el proyecto político personal del mandatario. Y su acto estelar, antes del relevo presidencial, es dejar la dinamita prendida para demoler el último de los contrapesos.
Porque saben bien López Obrador, sus gobernadores y sus candidatos que lo aprobado por sus peones del Congreso llegará a la Suprema Corte, vía acciones de inconstitucionalidad y amparos. Bajo criterios estrictamente jurídicos, los ministros encabezados por Norma Piña deberán revertirlo.
Entonces estallará la dinamita: al momento en que la Corte admita cualquier recurso contra la extinción de los fideicomisos, desde el púlpito presidencial y el discurso oficialista los empezarán a señalar de ser juez y parte, pues se trata de fideicomisos del propio poder que deberá resolver el tema.
Luego, lo harán bandera de la campaña de 2024. Satanizarán a la Corte, a jueces y magistrados, alegando que defienden sus “privilegios”; los acusarán de ser el último reducto de la corrupción. Dirán que sólo votando masivamente por Morena se podrá cambiar la ley para elegir a ministros, jueces y magistrados en las urnas.
Asegurarán que sólo así se acabarán los malvados conservadores que impiden la consolidación de su mentada transformación.
Y si convencen, la democracia mexicana entrará en fase terminal.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@R_SANCHEZP
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