López Obrador dejará la presidencia el 1 de octubre de 2024. Y así, el debate hoy es quién lo sustituirá. Un debate algo atrapado en la inmediatez; porque los peores efectos de este sexenio aún no ocurren, recién empezarán a sentirse en los próximos años. Este gobierno heredará retrocesos y bombas de tiempo que no será fácil corregir ni desactivar en lustros, quizá en décadas, independientemente de quién tenga el poder. En esto hay que centrar la atención. Menciono cuatro.
El militarismo. Las funciones civiles que entregó a las Fuerzas Armadas, así como el poder y presupuestos sin precedentes que las acompañan, son algo que no se ve cómo un gobierno, incluso uno con gran legitimidad y respaldo ciudadano, pueda revertir en el futuro.
El Ejército queda cada vez más alejado de su misión, la seguridad nacional, y más ocupado en administrar empresas; los gobernantes quedan sin fuerza civiles en las cuales apoyarse, lo que profundiza su dependencia a los militares, y éstos quedan cada vez más expuestos a corromperse, en medio de inagotables recursos por los que rinden pocas o nada de cuentas. Ello siembra otros riesgos graves, desde la erosión del prestigio social que han acumulado las Fuerzas Armadas, hasta la disolución paulatina de su disciplina interna, lo cual incrementa el potencial de abusos.
La pérdida efectiva de capacidades institucionales para combatir al crimen organizado, que empezó con la destrucción de la Policía Federal. Incluso si próximos gobiernos tuvieran la voluntad, el Estado mexicano simplemente carece, en muchos casos, de la fuerza necesaria para combatir a la delincuencia y defender a la población. Un ejemplo trágico es la cesión de amplios territorios a los cárteles, donde se les ha permitido empoderarse de forma inédita. Recuperar esos espacios sería o imposible o sólo se lograría con grados de violencia tan altos que no resulta factible, lo cual sólo perpetúa tanto el repliegue como el achicamiento del Estado. El deterioro es casi irreversible.
La quiebra del sistema de salud. Rehacer los mecanismos de compras y distribución de medicinas; reedificar el Seguro Popular o un modelo equivalente para atender a 67 millones de personas, así como el sistema de vacunación; reintegrar fondos para gastos catastróficos y tratamiento de enfermedades como el cáncer; remediar las insuficiencias en el IMSS e ISSSTE. Todo ello requerirá un esfuerzo presupuestal y operativo inmenso –tanto que implicaría aplazar la atención de otros temas importantes–, que tardará años para siquiera iniciar y más para dar resultados.
La bomba financiera no es cuestión de si estallará, sino cuándo. Las transferencias directas, las pensiones y seguridad social de millones de personas, en poco tiempo serán impagables y causarán un cataclismo sin una reforma fiscal profunda e impopular que nadie quiere ni puede hacer. La deuda pública per cápita se deja 15.5% más alta que en 2018 (cada mexicano deberá más de 126,000 pesos), con los ahorros del Estado extinguidos, a la vez que inmensos subsidios a PEMEX y CFE a los que se añaden otros, onerosos y permanentes, como para el AIFA o el tren maya.
Pese a todo el daño que ha hecho López Obrador, los verdaderos costos de sus decisiones golpearán a México con toda su fuerza apenas en los años que vienen, gobierne quien sea. En la ceguera de las coyunturas y la frivolidad de las campañas, perdemos de vista que antes que una batalla entre continuismo o alternancia, oficialismo u oposiciones, la disyuntiva es si seguirá existiendo un país sobre el cual poder construir algo. Sin sacrificar el necesario pragmatismo de atender lo inmediato, habría que hacerse cargo de esta realidad, antes que esa realidad se haga cargo de nosotros.
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje
Colaborador
(@GuillermoLerdo)
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