Uno de los signos más lamentables de la degradación democrática que afecta a nuestro país, es la cerrazón y la negación del diálogo institucional entre poderes.
El diálogo entre poderes no es un atributo democrático en sentido abstracto, es la materialización del mandato constitucional inherente a la división de poderes, estipulado en el artículo 49 de la constitución. El propósito del constituyente ha sido y es garantizar el equilibrio y la armonía en el ejercicio del poder y darle funcionalidad al mecanismo de pesos y contrapesos de nuestro sistema político, constituido, como establece el artículo 40 de nuestra Carta Magna, por una republica federal, democrática, representativa y participativa, compuesta por estados libres y soberanos y unidos en una Federación.
Las consideraciones más profundas de los formuladores de la división de poderes, Locke y Montesquieu, siempre consideraron evitar la concentración del poder, como lo consigna Jorge Carpizo, en su obra sobre el El Presidencialismo en Mexico (1984). En ese sentido, negar el diálogo institucional entre poderes, como ha ocurrido recientemente con la “no invitación formal” a la ministra presidente de la Corte al Senado, es negar la palabra, esencia del parlamento y de la democracia; y someter al Poder Legislativo a la concentración de poder que ejerce el Poder Ejecutivo.
Lo que ha ocurrido en el Senado es doblemente grave, por un lado, pone en evidencia la profunda división de uno de los poderes del estado, cuestionando, a través del presidente de la junta de coordinación política, la voluntad de diálogo de los coordinadores parlamentarios quienes, por escrito, habían extendido una invitación a la ministra Piña para discutir la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial; por otro lado, cancela la posibilidad de discutir la decisión unilateral del poder ejecutivo sobre este polémico tema y anula la función de control parlamentario del poder que corresponde al Congreso de la Unión.
En momentos tan críticos como los que vive el país, negar el diálogo es renunciar a la posibilidad de dar respuesta a las grandes necesidades y demandas de la población. El diálogo es una oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los asuntos públicos, al mismo tiempo, es el camino para alcanzar los acuerdos sobre las reformas y las decisiones de política pública presupuestal y administrativa mas relevantes, como las que tanto preocupan en materia de justicia y seguridad y del crecimiento y desarrollo económico.
El tema no se reduce a la discusión sobre la desaparición de los fideicomisos, ese fue sólo el último episodio. El diálogo institucional entre poderes involucra a los estados y municipios, a los organismos constitucionalmente autónomos y a la propia cultura democrática al interior de las instituciones. Como muestra de la cerrazón, en días pasados conocimos de la renuncia de todos los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la posición autocrática de su presidencia resulta inadmisible, pero sobre todo, afecta la defensa de la población ante los abusos de poder.
Negar el diálogo es un signo inequívoco del autoritarismo imperante en el gobierno y su partido. Detener la deriva autoritaria, resulta un imperativo para quienes anhelamos vivir en un sistema democrático y de libertades.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
PAL