En un doble proceso de reflexión y praxis, identificamos dos de los desafíos más relevantes para los regímenes democráticos en América Latina, el primero de ellos está vinculado directamente con la capacidad de los Estados y sus Gobiernos, en el marco de la construcción de regímenes democráticos, para generar procesos efectivos y políticas convincentes orientadas a atender y satisfacer las aspiraciones de la población y hacer efectivos sus derechos.
La ineficacia de los Estados latinoamericanos, aun cuando hayan alcanzado grados significativos y respetables de democracia, genera reclamos cada vez más, el desafío de la participación ciudadana en el estado democrático de derecho fuertes y estructurados por parte de amplios sectores cuya movilización se sustenta en organizaciones de la sociedad civil, aun cuando en determinados momentos estas son canalizadas por las instancias propias de la sociedad política.
El segundo desafío, vinculado estrechamente al anterior, se expresa en lo que algunos autores identifican como “la politización de la sociedad civil” o “la ciudadanización de la sociedad política”, estas expresiones tratan de llamar la atención sobre cómo actores o sujetos sociales organizados, a través de distintas formas de movilización, se proponen incidir en las políticas públicas y promover sus derechos.
En los casos en que estas movilizaciones no encuentran respuesta o resultados concretos por parte de los gobiernos, se multiplican las expresiones de inestabilidad e ingobernabilidad y el desencanto por la política se generaliza. Son estos desafíos los que dan pie a que analistas y estudiosos hayan acuñado frases como “déficit democrático”, entendiendo con esto que los regímenes democráticos construidos hasta hoy en América Latina, no están dando respuestas efectivas y sólidas a las crecientes expectativas sobre los derechos de las poblaciones mayoritarias de la región.
Otros analistas señalan que la democracia está en crisis, ya que si bien ha permitido avances en relación a la alternancia del poder, quedan aún muchas dudas sobre su capacidad para identificar, orientar y vigilar políticas que redunden en el bienestar de las mayorías.
Llama la atención el que los regímenes políticos de América Latina, sin excepción, en la actualidad apelan a la democracia para legitimar su autoridad; invocan particularmente a la consulta ciudadana e incluso otros recursos propios del juego político de la democracia representativa, como el propio parlamentarismo, para impulsar procesos de toma de decisión por mayoría como recurso para impulsar políticas públicas o incluso reformas a los propios sistemas políticos establecidos. La legitimidad de estos regímenes y de sus acciones se sustenta en el principio de la toma de decisiones basadas en la voluntad mayoritaria.
Un enunciado sin duda limitado y que ha sido usado por los regímenes populistas de derecha e izquierda como un recurso instrumental y manipulador.
En consecuencia, una perspectiva profundamente democrática y de justicia social obliga a pensar la democracia como un ejercicio que va más allá de la toma de decisiones sustentadas en la mayoría.
En este sentido, toman relevancia los principios democráticos de la deliberación, del respeto a las diferencias y al pluralismo; componentes indispensables para la construcción de sociedades democráticas, equitativas y justas.
En aquella tendencia, la que mide si un régimen político es democrático o no porque se sustenta en una consulta y voluntad mayoritaria, la que podríamos llamar minimalista, se expresan dos vertientes, que si bien pueden tener signo contrario, se juntan en su resultado y en su concepción maniquea de la sociedad y en su limitada visión sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Pero también, supone precondiciones cuya reproducción debe ser garantizada por el sistema un sistema real de liderazgo de alta calidad, tolerancia con las diferencias de opinión, una cultura política basada en el autocontrol democrático; pluralismo y diferenciación social sustentado en una competencia no violenta, por los cargos y las influencias y, un sistema político capaz de tomar decisiones, protegido de demandas excesivas por parte de la población y, consecuentemente, un sistema en el que esta población acepte una división del trabajo entre ellos y los políticos que elige. En consecuencia, este modelo requiere de una institucionalidad que garantice el voto secreto, plena vigencia de derechos civiles, la alternancia, elecciones periódicas y la competencia entre partidos.
Al evaluar este conjunto de supuestos, condiciones y precondiciones se puede concluir sobre las debilidades o fortalezas de este modelo, que sin duda ha sido el paradigma predominante en los países latinoamericanos. Siguiendo siempre a estos actores citados, podemos destacar los elementos centrales de la crítica a este modelo, en el cual destaca el señalamiento de su tendencia a generar apatía en la población al privilegiar la delegación del poder, la concentración de lo público en lo privado y la selectividad de las demandas de la población en manos de las élites. Otras expresiones políticas que se traducen en una subvaloración de la participación ciudadana, más allá de la reconocida en el ejercicio del voto en las elecciones, se expresa en el desconocimiento y desvalorización de la diversidad de intereses y consecuentemente de actores con vocación de incidir en las políticas públicas sean estas sociales, económicas, culturales o políticas propiamente.
POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA
COLABORADOR
@LUISDAVIDFER
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