Con el pasar de los días, meses y años se pierde la huella de violaciones graves a los derechos humanos, de matanzas y persecuciones vinculadas con movimientos políticos y sociales, que marcaron un antes y un después en México.
Expedientes enteros desaparecidos, carpetas vacías y documentos no localizados es la constante en los archivos que deberían resguardarse con gran recelo y contar la historia de lo acontecido en la denominada guerra sucia contra los opositores al régimen.
En esas décadas ocurrió una represión de las instituciones en contra de liderazgos políticos, sociales y campesinos, a quienes desde el poder, se vinculaba con el socialismo. Hubo un combate despiadado contra los grupos guerrilleros que habían sentado sus bases en comunidades rurales e indígenas del México olvidado.
Protestas estudiantiles provocaron unos de los hechos más sangrientos de la historia moderna del país, cuando en el 68 sucedió la matanza de Tlatelolco y en el 71 la represión contra universitarios en distintas entidades. También se perpetró el asesinato de Lucio Cabañas, el maestro rural, convertido en jefe del grupo armado del Partido de los Pobres en Guerrero. Y ya en los 90’s, tras varios intentos para que México formara parte del primer mundo, el día que entraría en vigor el TLC, irrumpió en la selva Lacandona el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, realizó un Informe técnico sobre el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, comandada por Fernando Gutiérrez Barrios, y de instituciones de espionaje, que fueron trasladados en el 2019 al Archivo General de la Nación.
En el documento presentado hace varias semanas señalan que se “ha enfrentado dificultades para el acceso y la consulta irrestricta a documentación relacionada con violaciones graves a derechos humanos proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”. Entre las anomalías registradas, las personas investigadoras del mecanismo, señalan: expedientes faltantes o incompletos, además de tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al AGN.
Las fuentes documentales significan un eslabón primordial para que la sociedad interprete y analice su contenido con el fin de que las personas conozcan los acontecimientos que marcaron a generaciones pasadas, comprendan a quienes las protagonizaron, sus emisiones, logros y fracasos, y a partir de esto, construir un mejor presente y desde luego, un mejor futuro.
De ahí que resulta grave que entre lo perdido -de acuerdo al informe- se encuentren expedientes faltantes de narcotraficantes y agentes policiacos, de políticos, periodistas, empresarios, líderes petroleros, sobre el EZLN, entre muchos otros.
Construir una cultura archivística es una obligación que debemos exigir para no olvidar el pasado.
POR NALDY RODRÍGUEZ
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