LOS MALOS MANEJOS en las recientes licitaciones realizadas por funcionarios del ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, solo se justificarían por lo que comúnmente se denomina El año de Hidalgo.
Tan sólo en lo que va de este 2023 se presentaron inconformidades relacionadas con los procesos de contratación del servicio de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos.
En todos ellos se ignoraron por completo los lineamientos que dicta el denominado “Contrato Marco”, establecido por la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República.
Algo similar pasó en la licitación relacionada con la compra casi 60 mil equipos de cómputo de escritorio, laptops y algunos equipos periféricos, realizada en el pasado mes de mayo.
A estas contrataciones agregue la licitación LA-51-GYN-051GYN006-N-6-2023, efectuada recientemente para la adquisición de material e insumos de impresión.
En ella el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Juan Carlos Suárez Guzmán, conocido en ambiente de las licitaciones como El taquero, de plano se saltó todas las trancas. Y es que eliminó en la Junta de Aclaraciones ciertos requisitos que se solicitaban en las bases de origen, mismos que sí se evaluaron, lo cual resulta contradictorio, ya que se habían eliminado anteriormente. Asimismo, requisitos que sí se mantuvieron como estaban originalmente no fueron evaluados, y se manipularon muestras para invalidarlas.
Todo esto con el único objetivo de beneficiar a la licitante Confecciones Issac con un contrato por más de 140 millones de pesos, empresa cuyo objeto social es… la confección de ropa. Suárez Guzmán es protegido por la Directora de Administración, Almendra Ortiz Genis, y no se descarta una posible complicidad con el Órgano Interno de Control. Ahí por cierto se van acumulando más quejas contra este funcionario por la mala conducción que le ha dado a los procesos de licitación a su cargo.
Lo peor del caso es que a pesar de haberse presentado todos los elementos de prueba ante la Función Pública, esta dependencia al mando de Roberto Salcedo se ha mantenido al margen. No solo no interviene, sino que ha permitido que un funcionario como El Taquero se mantenga en una posición donde claramente está puesto para favorecer a empresas con las que se tiene relación.
Valdría la pena que desde Palacio Nacional revisaran a fondo las contrataciones que ha hecho este personaje que, sin recato alguno, hace a un lado a quien le estorba.
CON LA NOTICIA de que el todavía Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pretende renunciar a su cargo, la realidad es que lo removieron por falta de resultados durante su gestión en la investigación del caso Ayotzinapa, proceso que plagó de mentiras e incompetencia. De cara al desastre que creó en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se entiende que busque cobijo en el equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La idea es obtener fuero constitucional durante el siguiente sexenio, ante su responsabilidad por el manejo que dio al caso. No es novedad que Encinas mintiera, que no cumpliera sus promesas, que engañara y que ahora abandone su compromiso con las familias de los 43 normalistas desaparecidos para beneficio propio. Siempre tuvo control y protegió a los únicos testigos que saben lo que realmente ocurrió en aquella trágica noche, esos “testigos protegidos” que fueron los autores materiales e intelectuales de la desaparición. ¿Por qué nunca les preguntó qué hicieron con los estudiantes? Encinas se va por la puerta de atrás sin cumplirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la única tarea que le encomendó.
URIEL GONZÁLEZ, UN ingeniero aeronáutico que trabajaba en Servicios a la Navegación al Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) fue raptado de su lugar de trabajo por dos individuos dependientes de una oficina cuya supuesta función es “seguridad nacional”. Su titular es Adán Luna, quien se ostenta como una persona influyente en la Presidencia de la República, razón por la cual Víctor Hernández, el ex director de Seneam, le asignó una oficina, a pesar de que es un neófito en el tema y lo único que ha hecho es amenazar a las personas con su “supuesto” poder e influencia. González fue encontrado sin vida y existen grabaciones de cajeros automáticos donde los delincuentes fueron identificados y detenidos y además reconocidos por personal de Seneam como colaboradores de Luna. Ante tal hecho el director del organismo, Javier Alonso Vega, mandó al personal una carta que incrementó más la indignación porque ha sido incapaz de neutralizar a ex colaboradores de Hernández que han provocado la situación que hoy tenemos en la seguridad del espacio aéreo.
LA HUELGA PROGRAMADA para ayer de trabajadores del Monte de Piedad se prorrogó para el primer minuto del 19 de noviembre en la audiencia de conciliación que sostuvieron la asociación de asistencia social que dirige Javier de la Calle y su sindicato, que lidera Arturo Zayún González. Por increíble que parezca, la administración de la institución prendaria se opuso al aplazamiento, sin embargo los trabajadores tienen el derecho por ley de solicitarla hasta por 30 días. En este caso, los patrones buscan la huelga, porque también en caso de ocurrir, ellos no tendrían un perjuicio como sí ocurriría en una empresa privada, debido a que no tienen capital invertido y sólo administran la institución de asistencia privada, además de que la economía de los altos mandos no sufriría ningún detrimento.
EN LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional van a revisar el contrato adjudicado a Empresas Amoik, mediante el procedimiento licitatorio LA-07-110-007000999-T-535-2023, para comprar por la nada despreciable cantidad de 220 millones de pesos para seis mil 125 cámaras de videograbación tácticas para atención de las unidades tipo corporación del Ejército Mexicano. Resulta que la adjudicación del pasado 7 de septiembre tuvo como beneficiaria a una compañía que no entregó las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y en materia de seguridad social por el IMSS, que lleva Zoé Robledo. También llamó la atención que Amoik nunca había firmado un contrato con el gobierno mayor a 6 millones de pesos.
AYER HUBO ASAMBLEA de tenedores de Certificados Bursátiles de Unifin. Sorpresiva e ilógicamente votaron en contra de la extensión de la prórroga de 90 días que el Conciliador y la empresa bursátil de Rodrigo Lebois solicitó para concluir las negociaciones finales de su reestructura financiera bajo la figura de Concurso Mercantil. Los opositores representan cerca de 3% de la deuda y van contra una mayoría de más de 70% que apoya el plan. Los tenedores del papel se están dando un balazo en el pie porque ponen en riesgo la recuperación de su propia recuperación en caso de que no se logre la extensión. Con todo, Unifin confía en alcanzar una mayoría de 75% para seguir adelante con su plan.
UNO DE LOS avances que podrá plantear en su próximo informe de gobierno Evelyn Salgado, es en el rubro de la educación. En lo que va de su administración se han destinado unos mil 600 millones de pesos en la promoción a docentes de Educación Indígena Bilingüe, además de otros 42 millones para estímulos en promoción a docentes de Educación Básica, dada la importancia que tiene el sector magisterial. A tan solo dos años de haber asumido el gobierno, se ha logrado atender a 390 planteles educativos en todo el estado de Guerrero, y de todos los niveles, optimizando la infraestructura educativa de la entidad.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL