Durante la presidencia de Donald Trump, se implementó un programa para que las personas que buscan asilo en Estados Unidos, esperen su resolución en territorio nacional, a este plan se le llamó: “Quédate en México”.
A pesar de los reclamos de varias organizaciones civiles que protestaron en contra de esta iniciativa porque consideran que el país es un riesgo para las personas que buscan protección internacional, el Gobierno de México, aceptó ser receptor de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
La organización internacional, Médicos Sin Fronteras, ha documentado las precarias condiciones en las que viven miles de migrantes en la frontera norte, sin acceso a servicios de salubridad por la desaparición del Seguro Popular, sin poder trabajar porque no tienen permiso y sin un espacio para que se puedan quedar, pues, los albergues se han saturado.
Desde el año 2019, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), ha estado litigando en contra del Gobierno mexicano porque consideran que la presente Administración se extralimitó en sus facultades al permitir que Estados Unidos haya enviado de manera unilateral a migrantes sin tener los mecanismos necesarios para su recepción.
El proyecto elaborado por la Ministra Yasmín Esquivel, iba en el sentido de negar este amparo porque, según sus criterios, no se estaba violentando ningún Derecho Humano de las personas migrantes. Lo cual es falso, pues el Gobierno aceptó la decisión de Estados Unidos sin haber medido el impacto que este tendría a lo largo de la frontera norte.
El proyecto de la Ministra Esquivel fue rechazada por 4 votos y ahora se turnará al Ministro Laynez, quien tendrá que realizar otra sentencia para darle resolución al amparo de la organización FJEDD, que trae consigo otra oportunidad para que la resolución sea favorable para la población migrante que habita en la zona norte del país.
A esta sentencia, se le suma la aprobada el 5 de octubre por el Tribunal Colegiado que instó a diversas dependencias gubernamentales, entre las que se encuentran el INM, Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, a no exigir un documento de identidad mexicana para comprar un boleto de autobús, pues era una política discriminatoria hacía la población mexicana y que violentaba el principio de libre tránsito en territorio nacional.
Cabe señalar que la política migratoria de este sexenio no ha sido humanitaria, al contrario, se ha visto criminalizada desde el Instituto Nacional de Migración. A lo largo de la Administración se han denunciado numerosas prácticas ilegales por parte de INM, como lo son los retenes para verificar la nacionalidad de los que viajan en carretera.
México se convirtió en el muro que el presidente Andrés Manuel prometió destruir, durante 2022, han fallecido cerca de mil migrantes en la frontera norte, el país se ha vuelto peligroso para las familias que intentan cruzar el territorio nacional, no solo por los grupos delictivos, sino también por la política migratoria que este Gobierno ha implementado y que poco a poco se ha ido recrudeciendo.
POR AZUL ETCHEVERRY
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