En este espacio hemos dado cuenta de la compleja situación a la que nos enfrentamos periodistas, comunicadores y medios de comunicación en México desde hace más de tres décadas. El problema ha venido heredándose de administración en administración, ante el poco interés de las autoridades federales y el Congreso de la Unión, y un nulo esfuerzo de las autoridades estatales y municipales.
En días pasados, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República; Mtro. Ricardo Sánchez Pérez Del Pozo, quien nos compartió los resultados alcanzados al primer semestre de 2023, comparados con la información histórica para atender y resolver los delitos contra la Libertad de Expresión que afectan a periodistas y comunicadores.
Cabe destacar que desde el 2018, cuando asumió la titularidad de la FEADLE, Sánchez Pérez Del Pozo ha logrado transitar de una dependencia burocrática abandonada en tramites apegados al antiguo sistema penal, a una dependencia moderna apegada al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral, lo que ha llevado a la dependencia a sancionar a culpables y alcanzar la reparación de daños, sin la necesidad de llegar a una sentencia, labor en la que es de destacar el trabajo conciliador y la disposición del fiscal.
En este contexto, debemos destacar que de 2010 a junio de 2023, se ha ejercido acción penal en 351 ocasiones por delitos cometidos contra la libertad de expresión en nuestro país. De estas acciones, el 63.5% se han presentado entre 2018 y 2023; mientras que el 36.5% se realizaron en los primeros 8 años de actuación de la fiscalía. En 2022 se ejerció acción penal en 45 casos, cifra 7% mayor a la del periodo 2020-2021.
Entre 2010 y 2017, el promedio de investigaciones en las que se ejerció acción penal fue de 16, mientras que entre 2018 y 2022, se elevo a 40 investigaciones en promedio. Es importante el resaltar que los delitos contra la Libertad de Expresión por los que se ejerció acción penal fueron Abuso de Autoridad (120), Amenazas (107), Lesiones (49). Otro aspecto importante de resaltar es que el 56.2% de los imputados corresponde a personas que tenían la calidad de Servidores Públicos al momento en el que se registraron los hechos delictivos, mientras que el 43.8% eran particulares. El 45% de los Servidores Públicos se desempeñaba en el ámbito municipal, y el 55% restante en el estatal. Estos datos dejan en claro que por más de tres décadas periodistas y comunicadores, al señalar la situación que se vive en México, hemos destacado que las agresiones y ataques son orquestadas desde instancias del mismo estado mexicano.
Una vez que se analiza el Informe Estadístico 2023 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, queda claro que no todo es negativo, quejas e indiferencia. Si bien existe un ambiente paralizado y negativo en la materia, es evidente que las organizaciones internacionales solo toman en cuenta la información que les conviene y que incrementa la división y el desinterés de las autoridades y del gremio periodístico y comunicadores para hacer un alto en el camino y establecer un grupo de trabajo que permita implementar nuevas bases y condiciones en la relación entre las autoridades y los periodistas, así como la instrumentación de acciones para prevenir y proteger a periodistas y comunicadores.
Es importante tener claridad en que la problemática ha existido y ha sido soslayada y heredada por mas de cinco administraciones y que no todo el peso debe caer en el actual gobierno: la Libertad de Expresión, el Derecho a la Información y el Ejercicio Periodístico, deben ser parte de la agenda y de las plataformas con miras al proceso electoral 2024.
Fernando A. Mora Guillén
X: @Fernando_MoraG
Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.