La visita del Presidente Biden y del Primer Ministro de Canadá a nuestro país, para sostener reuniones bilaterales con el Presidente López Obrador y celebrar la Novena Reunión de Líderes de América del Norte, es una buena noticia. Para los tres países es vital seguir fomentando la integración de sus economías que conviertan a la región en una de las más competitivas del mundo. En el reacomodo global, las oportunidades son enormes y no deben desaprovecharse.
Mayor comercio e inversión en la región significan la creación de nuevos empleos formales en las tres naciones. Empleos que necesitan millones de jóvenes en México. El futuro económico de nuestro país está anclado, fundamentalmente, a su ubicación geográfica en América del Norte.
Pero la pertenencia a este club, uno de los más exclusivos del mundo, tiene un precio, que es el cumplimiento de los compromisos pactados en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y la adopción de políticas públicas que favorezcan la seguridad jurídica, la confianza y la certidumbre. Los cambios unilaterales repentinos de las reglas del juego, que contradicen abiertamente las disposiciones del Tratado, son contraproducentes. Una mayor integración económica solamente es posible si se respeta lo pactado, sea en cuestiones energéticas, reglas de origen, industria automotriz, o la producción de alimentos.
Pero, más allá de favorecer su integración económica, consolidar a América del Norte como una región integrada exige la aplicación efectiva de valores democráticos en las tres naciones. Demanda fortalecer el estado de derecho; promover y respetar los derechos humanos; elecciones libres y periódicas; libertad de expresión y asociación; auténtica separación de poderes; promoción de la igualdad de género, y políticas públicas incluyentes de toda la población en los beneficios del desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente.
En última instancia, avanzar en la integración económica regional, e incluso el mantenimiento de lo ya alcanzado requiere, como condición sine que non, la existencia de sociedades abiertas y regímenes democráticos en los tres países. México no podría dejar de ser una democracia constitucional, sin afrontar como consecuencia, aislamiento político, y exclusión de los procesos de integración.
Nuestro país dejará de formar parte de la integración de América del Norte si involuciona hacia una nueva hegemonía autoritaria, sin separación de poderes, y en el que las elecciones vuelvan a estar controladas por el gobierno. Persistir en el intento de construir un nuevo régimen autoritario en nuestro país, a través de la centralización del poder, el control de la Suprema Corte, la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE), y la conquista de otros órganos autónomos, se podría convertir en nuestra puerta de salida del T-MEC, (que deberá revisarse en 2026), y de la integración de nuestro país en América del Norte.
Una manera de consolidar a América del Norte como región integrada sería a través de un compromiso explícito de los tres países con los valores democráticos, una cláusula democrática similar a la que contiene el Acuerdo de México con la Unión Europea, o los mecanismos de integración de Sudamérica, como el MERCOSUR y la UNASUR.
Pero hoy existe otra amenaza a la integración de América del Norte. Son las organizaciones criminales que operan en México y Estados Unidos y, en menor medida, en Canadá. Más allá de si la detención de Ovidio Guzmán fue para endulzar la visita del Presidente Biden, nos debería alarmar la evidencia del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno.
La política de “abrazos, no balazos”, que en los hechos se tradujo en no confrontar directamente al crimen organizado, y de esa manera esperar que gradualmente se pacificara el país, no ha tenido los resultados que se esperaban. Más bien, ha tenido consecuencias contraproducentes que se evidencian no sólo en el número récord de homicidios dolosos (137 mil hasta noviembre pasado), sino en el control de grandes territorios por parte del crimen organizado.
Nadie puede alegrarse de este desastre. Las organizaciones criminales sí amenazan nuestra débil democracia, y la posibilidad real de que México efectivamente atraiga nuevos flujos significativos de inversiones. El país ha perdido otro sexenio tratando de controlar una creciente crisis de inseguridad que, es cierto, comenzó hace muchos años. Pero hoy no hay nada que nos permita alentar la esperanza de que vamos en el camino correcto para resolver este enorme desafío, que tiene su origen no sólo en nuestra propia corrupción y debilidad institucional, sino que también es resultado de una enorme demanda de drogas, un criminal tráfico de armas y corrupción procedentes de Estados Unidos.
Nuestro poderoso vecino no puede desentenderse de lo que está pasando, en los dos países, por las actividades de las organizaciones criminales, aunque parezca que la violencia y la inseguridad son nuestro monopolio. Después de varias décadas de intentarlo, es evidente que no será a través de sus agencias policiacas, especialistas en exportar el reto fuera de su territorio, como se combatirá con eficacia a las organizaciones criminales. Se requiere otro paradigma. Una vez más, ese será uno de los principales desafíos de las próximas administraciones en las dos naciones.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
PAL