La nueva presidenta de la Suprema Corte enfrenta tres desafíos: garantizar el acceso a la justicia, fortalecer la autonomía del poder judicial y consolidar la división de poderes.
La elección de la nueva presidenta estuvo precedida de escándalos de plagio y corrupción, presiones inadmisibles y maniobras del poder ejecutivo para capturar y controlar las decisiones del máximo tribunal del país.
El nombramiento de la ministra Norma Piña Hernández -la primera mujer en la presidencia- fue bien recibido por los miembros del poder judicial y por las organizaciones de la sociedad civil que habían advertido sobre el riesgo de sumisión al poder ejecutivo y el daño a la autonomía constitucional, la división de poderes y la democracia.
Existen altas expectativas sobre el desempeño de la nueva presidenta de la Corte, sin embargo, hay que reconocer que la complejidad es enorme y el reto es estructural y sistémico.
El acceso a la justicia sigue siendo la demanda más sentida de la población, así lo confirma la tasa de impunidad, la desconfianza en el poder judicial y el rezago imperante en el sistema de justicia de nuestro país. En Mexico no se denuncia el 93.5% de los delitos y menos del 1% son resueltos; la desconfianza en ministerios públicos y procuradurías es del 90%. A nivel internacional, nuestro país se ubica en el lugar 60 de impunidad entre 69 países analizados.
El mayor dolor para las personas que deben someterse a los tribunales de justicia, se deriva de la inequidad y la corrupción imperante, la justicia se hace inaccesible para quien no sabe, no tiene o no puede hacer frente a las demandas; y la mayoría de las resoluciones judiciales son discrecionales y obsequiosas para quienes sí pueden pagar el precio de un sistema claudicante..
La posibilidad de aliviar este dolor a los justiciables, pasa por el fortalecimiento de la autonomía del poder judicial, por concretar con éxito una reforma integral que contribuya a elevar sus capacidades, mejorar sus procedimientos y blindar a sus integrantes de los apetitos del poder político y económico que constantemente les acecha con todo tipo de presiones.
Para lograr una reforma integral de ese calado, se requiere de la colaboración entre poderes y del concurso y participación de la sociedad organizada. Esta decisión de estado, exige condiciones de estabilidad política y la garantía del reconocimiento y respeto a la división de poderes que establece la constitución. Este es un mandato y debe ser una tarea que nos comprometa a todos.
De ahí que sea altamente preocupante la tentación recurrente del poder ejecutivo por debilitar y someter al poder judicial. La frustración y el enojo de no haber conseguido imponer una presidencia a modo de Palacio Nacional, anticipa un clima de polarización y enfrentamiento que puede dañar gravemente al país.
Pensando en el país, es necesario hacer un llamado reiterado a la serenidad y al respeto a la constitución. La elección de la presidencia de la Corte, debe ser vista como una oportunidad para consolidar la división de poderes, garantía y condición para la estabilidad política que necesita el país en la parte final del sexenio y de cara a la sucesión presidencial.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
@MARCOADAME
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