Desde hace unos días, Cancún, una de las joyas más importantes de la Riviera Maya y epicentro del turismo para México, es el campo de una nueva batalla entre taxistas y Uber, que afecta a miles de visitantes nacionales y extranjeros; que daña la imagen de
México.
Lo que ocurre en Cancún es un elocuente ejemplo de la situación que se vive en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México, en materia de transporte privado; situación que puede extenderse al hospedaje en plataformas como Airbnb. Antes de opinar del pleito en Cancún, digamos algunas cosas.
La luna de miel de los usuarios con Uber y otras plataformas similares terminó. El servicio bajó de calidad. Ya no te ofrecen agua o dulces, los conductores ya no se bajan del auto para abrirte la puerta o ayudarte con tu equipaje; las tarifas son altas y varios operadores se volvieron mañosos, rechazan viajes, o se retrasan para que el usuario cancele, te piden propina. Otras plataformas como Didi o Cabify están peor.
Por decir lo menos, con excepción de los que prestan servicios en aeropuertos y algunos sitios que cobran carísimo, los taxis de la Ciudad de México y de otras ciudades importantes, están en franco deterioro. Los controlan mafias; sus operadores carecen de
preparación y sus condiciones de seguridad vial son deplorables.
Los taxistas dicen que ellos pagan muchos impuestos y los de Uber no. Tienen razón. Por una parte, los taxistas tienen que cubrir muchos requisitos, varios de estos absurdos y que lo único que generan es corrupción y mafias que los controlan, como ocurre en Cancún.
Por otra parte, el servicio de Uber en México se desnaturalizó. Originalmente, la plataforma estaba concebida para que dueños de autos particulares, en algunas horas del día o de trayecto a sus casas, generaran ingresos.
En nuestro país se ha vuelto una forma más de empleo semiformal, un negocio para particulares que tienen flotillas o una concesión virtual de transporte privado.
La autoridad tiene que regular, pero no en el sentido absurdo de poner miles de trabas a taxistas y Uber, sino de simplificar como una manera de evitar la corrupción. Uso de plataformas para el transporte, el hospedaje y la diversión, son tendencias mundiales. México debe incluirse en esta tendencia o los problemas cada día serán mayores.
La gobernadora de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez deben tener como prioridad la seguridad y los derechos de los ciudadanos y turistas. Hacer prevalecer la ley, pero con sensibilidad social, no política.
Los criterios son simples, taxis, Uber y demás plataformas deben dar un servicio de calidad, lo cual incluye un precio justo y seguridad. El gobierno debe simplificar los trámites para los taxistas para mejorar el servicio, combatir la corrupción y terminar con el monopolio que los controla. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
Por Onel Ortiz Fragoso
@onelortiz
MAAZ