Desde el inicio de su administración; traicionando su discurso y sus propias propuestas de campaña; el actual gobierno ha impulsado una militarización sin precedentes, en todos los aspectos de la vida pública; desde la construcción de obra pública, la educación, la salud, la administración de servicios y, desde luego, la Seguridad Pública en el país. En detrimento del propio prestigio que las Fuerzas Armadas tienen en la población y que Acción Nacional reconoce ampliamente.
Así ha quedado en evidencia con diferentes acciones que han ido, desde el traslado de las funciones y mando de la Guardia Nacional a la Sedena, poniéndola bajo un mando militar, hasta prorrogar la presencia castrense en el territorio nacional haciendo funciones que no le competen, ahora hasta 2028. En el mismo sentido, se han destinado recursos económicos al ejército de una manera sin precedente, careciendo de control y transparencia.
En diversas ocasiones hemos exigido que se corrija el rumbo en esta materia, y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil sometida a controles y fiscalización. Lo anterior supone el contar con corporaciones robustas, confiables y bien pagadas. Sin embargo, el Ejecutivo va en otro sentido, eliminando partidas presupuestales para las instituciones de seguridad civiles y debilitando a policías civiles federales, estatales y municipales. Todo lo anterior, para llevar al país por el camino de la militarización.
La muy extraña renuncia del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja a la subsecretaría de Seguridad Federal, en el contexto de la sucesión por el gobierno de Coahuila, abrió la vacante de dicho puesto. Quien fue nombrado subsecretario fue el General Luis Rodríguez Bucio, que se desempeñaba como Comandante de la Guardia Nacional.
La designación del general Rodríguez Bucio en una dependencia de la Administración Pública Federal es una acción que habla por sí sola del carácter militarista del gobierno que no deja de avanzar, en detrimento del contexto de protección y garantía de los derechos humanos. Por otro lado, en la titularidad de la Guardia Nacional se ha designado al general David Córdova Campos, con amplia experiencia en el campo militar, pero cuyo nombramiento va a contracorriente de los lineamientos convencionales y constitucionales.
A lo anterior, se agrega ahora en la narrativa de extensión castrense a las tareas civiles, el despliegue de 6 mil soldados en capacidades de Guardia Nacional para vigilar a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Con la negativa a hacerse cargo de la problemática del Metro, significada por los accidentes que han provocado incluso pérdida de vidas humanas, el gobierno de la 4T ha decidido emprender acciones que amenazan las libertades públicas de los millones de usuarios de dicho servicio de transporte. Hasta ahora la actuación de dichos soldados ha resultado una pifia, al haber detenido como sospechosa de sabotaje a una ama de casa que tuvo la desgracia de que se le cayeran las aspas nuevas de una lavadora. Así de extraviados están nuestros gobernantes.
En el mismo sentido se puede considerar el anuncio de establecer en la capital un cuartel de la GN por cada alcaldía, recordando que el año pasado se edificó sólo una coordinación regional en la alcaldía Azcapotzalco. Asimismo, se ha dado a conocer que la creación de esos cuarteles se replicarían en cada Estado de la República.
Desde 2018 a 2023, el presupuesto que maneja el Ejército en su conjunto es cada vez mayor; siendo ya más elevado que el presupuesto de las instituciones civiles encargadas de la Seguridad Nacional. La diferencia con el presupuesto de seguridad civil es de 163 mil millones de pesos, la más alta desde que se tienen registros presupuestales
Acción Nacional reitera el apoyo a la Sedena y a sus tareas y acciones para las cuales han sido creadas; y su compromiso de darle solución al grave problema de la inseguridad, mediante fórmulas que privilegian el apoyo a autoridades civiles, la transparencia y la eficacia. Estas medidas se alejan de la riesgosa militarización de las Instituciones de Seguridad Pública.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, trabajamos para presentar una reforma de seguridad creada a partir de un análisis estratégico sobre las necesidades del país para hacer frente a una de las principales inquietudes de la ciudadanía.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
MAAZ