No es sorpresa que en México escuchemos una historia más donde se evidencie que el estado de derecho brilla por su ausencia. Tampoco sorprende que en nuestro país no se respeten los derechos humanos, y su violación sea la regla.
Hace más de 17 años cuatro policías detuvieron a Víctor G. por un supuesto robo de vehículo en una investigación de secuestro. Robo que no cometió. Después de más de 48 horas de tortura y vejación dentro de las galeras de la entonces Procuraduría del Distrito Federal; golpeado, amenazado e incomunicado, fue puesto a disposición de un juez injusto por el delito de homicidio; ya no era robo ni secuestro; Ahí le acomodó más a los fiscales acusarlo de homicidio; que tampoco lo cometió. Ese es el derecho penal mexicano, no es sorpresa para nadie. Víctor, que al igual que muchos otros, tuvo la mala fortuna de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado, fue suficiente para que en México lo encarcelarán sin pruebas reales, acusación sostenida en un falso reconocimiento de “un testigo” en un video en el que no se distingue absolutamente nada.
Estuvo mal asistido por dos “defensores” de oficio, que cabe destacar no eran abogados, y lo sentenciaron a 70 años de prisión.
Víctor lleva 17 años en prisión. El 18 de enero de 2023, tuvo lugar una audiencia derivada de la solicitud de anulación de sentencia interpuesta por sus nuevos defensores ante la Sala Penal. La nueva defensa probó a los magistrados la violación al derecho humano de toda persona a contar con una Defensa Adecuada.
La institución jurídica de la Defensa Adecuada tiene como mínimo que esa representación sea por Defensor Público o Privado que cuente con Licenciatura en Derecho.
Sus nuevos defensores realizaron un análisis exhaustivo de su caso. Uno de los resultados que arrojó dicha investigación forense, fue que los “defensores públicos” que asistieron a Víctor desde su ilegal detención, se ostentaron como abogados defensores proveídos por el estado, se identificaron con credenciales de la Oficina de Defensoría Pública. Para ser defensor público, uno de los requisitos es ser licenciado en derecho, ello parecería obvio, y aunque en otros países lo sea, aquí ya no se puede obviar nada, sí es un requisito. Estos dos defensores públicos, en la época de la defensa y aún en varios años posteriores a la fecha en que mal representaron a Víctor, no tenían título ni cédula profesional para ejercer la patente de Licenciado en Derecho, lo anterior, aunque sea difícil de creer; estos “defensores públicos”, registraron su título y obtuvieron sus respectivas cédulas profesionales en el año 2010 y 2012, respectivamente. Incluso una de las “defensoras públicas”, ni siquiera había iniciado sus estudios de Derecho, cuando “mal defendió” a Víctor en aquel febrero de 2007. Desgraciadamente estos casos absurdos y grotescos son la regla y no la excepción. Evidencian la podredumbre y deficiencias del proceso penal y los operadores del sistema; nos muestran la tragedia y el drama penal en México, y desde luego lo que más ofende es la indolencia de las autoridades frente a los atropellos a los derechos humanos de los ciudadanos.
Un país ridículo y sin aplicación de la ley, donde una Ministro puede plagiar su tesis y mantenerse en el más alto tribunal de la nación sin el menor recato. Un país, donde a una francesa la pueden encarcelar por 8 años con un montaje televisivo.
Demasiados mexicanos han sido sentenciados con testigos falsos e inventados; con simples señalamientos por delincuentes al servicio de policías y fiscales ineptos, ávidos de encarcelar a quien sea y así aumentar la cuota que les piden.
Un país que permite que a uno de sus ciudadanos, lo torturen, acusen por el delito que más le acomode al ministerio público, lo mal defiendan dos personas incapaces de defenderlo, ya que no eran abogados, vamos, ni siquiera estudiantes de derecho en uno de los casos y lo sentencien a 70 años de prisión. ¿Cómo es posible que la institución de defensoría pública, admita y pague con recursos del estado a dos personas sin tener estudios de licenciatura, y además acreditarlos y avalarlos como Defensores Públicos? ¿Cómo es posible que un sistema permita se afecten gravemente los derechos humanos y el propio proceso penal con algo como esto? ¿Cómo es posible sentenciar a 70 años a una persona basada en la entonces “fe pública” de un Agente del Ministerio Público cuando inventan pruebas?
Ese es el verdadero drama penal. Aquí se victimiza a cualquier parte procesal por el simple hecho de serlo. Víctor lleva 17 años en prisión siendo inocente y sin la menor oportunidad de defenderse desde que le impuso la propia fiscalía que lo acusó a dos personas que lejos de defenderlo lo hundieron; solo comparecieron para cubrir el formalismo. Sólo aparentaron que Víctor contó con abogados defensores.
Al día de hoy Víctor sigue en prisión, su futuro está en manos de una Sala Penal, quien toma su tiempo sin prisa para determinar si los derechos humanos de una persona y su libertad ameritan su respeto y defensa, o bien si es mejor lavarse las manos y que lo resuelva el juez de amparo.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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