La pandemia por COVID-19 sigue sin dar tregua a las niñas, niños y adolescentes que habitan en municipios alejados y con alta densidad de marginación, en donde además predomina el trabajo infantil agrícola, prohibido en nuestro país desde hace algunos años.
El problema no es sólo la falta de acceso al Sistema Educativo Nacional, sino a la vulnerabilidad de la que son víctima, misma que se incrementó a raíz de la pandemia.
Datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 (la más reciente) del INEGI, indican que de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en México, 2.2 millones trabajaron. De ellos, dos millones de menores trabajaron en ocupaciones no permitidas; de estos, 71.2% fueron hombres y 28.8%, mujeres.
Así, tres de cada diez niños, niñas y adolescentes (29.2%) trabajaron en el sector agropecuario, 25.0% en servicios y 22%, en comercio; siendo estos sectores los que concentraron mayoritariamente a la población ocupada en actividades no permitidas.
Sin embargo, esos datos no están actualizados y para Oscar Castillo, director de Campos de Esperanza, de World Vision México, han incrementado gravemente debido a la deserción escolar y a los millones de menores que no regresaron a las escuelas, y de los que sigue sin haber un número.
Esta organización civil, que recibe fondos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (EU), busca erradicar las prácticas de trabajo infantil agrícola en México. Desde 2018 trabaja en varias comunidades de los estados de Veracruz y Oaxaca, donde se concentra buen número de los considerados niños jornaleros.
El mayor reto que enfrentan es, por un lado, el convencimiento a las familias y los grupos de cañeros para evitar que los menores de 17 años trabajen en el campo. Por el otro, y el más preocupante, es brindar a estos niños y adolescentes oportunidades que los alejen de las manos criminales.
“Hasta este momento no existe un programa gubernamental para evitar el trabajo infantil, eso a su vez no da oportunidades a los menores que sí ven a los grupos criminales como una alternativa”, lamenta Óscar.
Y me afirma que estos chicos sólo tienen dos opciones: O trabajar como jornaleros, o unirse a un grupo criminal.
De ahí la importancia del programa Campos de Esperanza, en donde por medio de 20 colaboradores que trabajan en campo desde 2018 -y lo harán hasta septiembre de 2024-, a fin de llevar sensibilización por medio de campañas enfocadas a usos y costumbres de las comunidades, a fin de trabajar con el sector privado y que pongan de su parte los patrones.
Con los ingenios y las agrupaciones cañeras han trabajado con brigadas de capacitación. Han beneficiado con educación a más mil 800 menores de manera directa e indirecta a más de 3 mil niños.
Trabajan con 34 escuelas en 4 municipios y brindan capacitación a los maestros sobre derechos de la niñez. También establecieron librerías comunitarias.
Pero, además, han creado su propio plan de estudios llamado “Campos de imaginación, aprendizaje y desarrollo de habilidades para la prevención del trabajo infantil, CAMTI”. Mismo que consiste en:
1. Promover el reforzamiento académico con tutoría solidaria, esto quiere decir que niños y niñas enseñan a otros de grados inferiores.
2. Trabajo de habilidades socioemocionales con los maestros para que tengan herramientas para trabajar con niños y niñas y cómo reforzar e identificar situaciones que requieran apoyo pedagógico y psicológico.
3. Herramientas psicopedagógicas para alumnos y docentes.
Por último, una de las situaciones que han detectado en los jóvenes jornaleros menores de 17 años es que se sienten discriminados por sus propias comunidades; poco escuchados, y que no tienen opciones. ¿Qué dirá de esto la SEP?
POR KARINA ÁLVAREZ
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