La semana pasada se dio a conocer que, por segunda ocasión, que el operador móvil, AT&T, se ve en la necesidad de devolver espectro radioeléctrico. ¿La razón? El alto costo por los derechos de uso y explotación de este.
Lo anterior ya no sorprende. La industria, analistas e incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han advertido, en reiteradas ocasiones, que México es uno de los países con mayor costo anual por el uso del espectro, siendo esta una barrera para cerrar la brecha de conectividad.
Es importante recordar que el espectro radioeléctrico, además de ser un recurso natural, es un insumo esencial para prestar los servicios de voz y datos de las telecomunicaciones. La disponibilidad y asequibilidad de la conectividad móvil enfrenta diversas barreras económicas y, entre ellas, destaca el precio del espectro. Es precisamente esta onerosa carga la que presiona al alza la estructura de costos de los operadores de servicios móviles y, consecuentemente, eleva los precios finales a los consumidores.
También afecta la competencia en el sector, ya que la empresa dominante puede “disolver” la carga del costo del espectro entre su amplísima cartera de usuarios, mientras que no sucede así para los operadores más pequeños, los que precisamente devuelven espectro.
Entre 2015 y 2022, la autoridad hacendaria incrementó 34.7% los precios del espectro bajo el argumento de indexar el incremento del costo anual a la inflación (38.7%).
Esta situación es la razón que explica las devoluciones de espectro total y parcial en los casos de Telefónica y AT&T, cosa que no sucede con el AEP-T, el cual, a consecuencia de la poca competencia existente en el sector, aún cuenta con el 70% de los ingresos del segmento móvil para pagar por espectro y desplegar infraestructura a diestra y siniestra. Y ¿saben qué es lo peor? Ni así lo hace: los datos más recientes muestran que el AEP-T tan solo participa con 10.8% del total de las inversiones en infraestructura del sector telecomunicaciones.
Que los derechos cobrados por el Estado por concepto de explotación del espectro radioeléctrico sean elevados no sólo inhibe el ejercicio de recursos en infraestructura, adicionalmente constituye malas señales para las próximas licitaciones de frecuencias, que ya en ocasiones anteriores han quedado desiertas, es decir, con ningún operador postulante.
Es por demás urgente que la autoridad hacendaria opte por una política espectral de incentivos al despliegue de la conectividad y exceptúe el alza de precios del espectro, dejando atrás su actual objetivo meramente recaudatorio. De no hacerlo, se vislumbra una lejana consecución del objetivo constitucional de alcanzar el pleno acceso a las telecomunicaciones.
Una política de derechos elevados es regresiva, pues impacta, en mayor magnitud, a los mexicanos en la base de la pirámide, quienes tienen en la conectividad móvil su principal vía de acceso a internet.
POR GONZALO ROJON
GONZALO.ROJON@THECIU.COM
@GROJONG
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