La recaudación tributaria o el cobro de impuestos siempre será un tema incómodo y nada favorecedor para los políticos, de hecho, casi nunca quieren abordarlo por diferentes vertientes, la principal de todas ellas, porque puede hacer que disminuya la opinión positiva de parte del electorado y de sus gobernados hacia ellos, además, cabe recordar que, en política los tiempos son muy cortos, por lo que, tener un electorado en contra suya, no es una buena decisión.
El problema es que cuando se gobierna, los tiempos electorales deberían pasar a segundo plano y no ser una prioridad, sino solamente una guía o una hoja de ruta que, sirviera para tener presentes los momentos electorales venideros.
Pero en la realidad, todos los políticos al convertirse en funcionarios públicos se olvidan de la esencia de sus buenas prácticas, para adentrarse en los momentos de la sobrevivencia electoral, es decir, dejan de lado el ejercicio de gobernar adecuadamente, bajo los criterios de la planeación y la evaluación de resultados, y solo centran sus fuerzas, en la coyuntura socio política del momento y los resultados de facto. Un ejemplo que puede dar certeza de lo anteriormente referido es el ejercicio recaudatorio, pues si se hace con escrupulosa responsabilidad, deja grandes resultados, pero si, se decide someterse a la coyuntura y la conveniencia electoral, esta práctica, no dejará a la hacienda pública, los beneficios que debería arrojar.
Con relación a ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que, durante 2022, logró recaudar 233 mil 270 millones de pesos en auditorías a grandes contribuyentes, esto representó 24 mil 368 millones más, que en 2021. La eficiencia recaudatoria, alcanzada por la máxima autoridad responsable del cobro de impuestos, es evidente, si se considera que, en sólo cuatro años, ya obtuvo de este sector, 60 por ciento más, que el gobierno federal anterior en el sexenio completo, (847 mil 973 millones de pesos frente a 501 mil 133 millones). Esta cifra por supuesto, incrementará esta diferencia y podría estar cercana para finales del sexenio de López Obrador, al 70 por ciento.
El monto obtenido, además de ser un récord en la eficiencia recaudatoria, es motivo de júbilo y alegría, pero además de ello, ayudará a trazar el rumbo que deben de tener las políticas fiscales en México, en aras de mejorar la eficiencia presupuestal con la que operan los diferentes órdenes de gobierno en este país. Se trata de hacer más con menos.
La noticia es positiva, porque ayuda a evidenciar el esfuerzo, que se ha tenido, para poner en orden los asuntos fiscales y acabar con el régimen de privilegios del cual gozaban los grandes contribuyentes. Supone también una grata señal, de lo que puede lograrse, cuando una parte significativa del empresariado asume sus obligaciones fiscales, como parte inexpugnable de la actividad económica.
Pero los retos en materia fiscal por desgracia superan la capacidad de recaudación tributaria actual.
De acuerdo con diarios de circulación nacional, entre enero y noviembre de 2022, el gobierno federal gastó, 1 billón 86 mil millones de pesos en cubrir las pensiones y jubilaciones del sector público y privado, cantidad 11.9 por ciento, superior a la erogada en el mismo periodo de 2021, y 130 por ciento mayor a la requerida hace apenas 10 años. Ese monto, significa que la Federación ya destina, uno de cada cinco pesos del gasto programable, a este rubro, y los requerimientos, no harán, sino crecer en los próximos años.
En un plazo alarmantemente corto, las medidas puestas en marcha por la Cuarta Transformación para racionalizar el gasto y aumentar la recaudación fiscal, serán insuficientes para afrontar el costo del sistema pensionario nacional, la inversión pública e incluso el gasto corriente, por lo que será prioritario, plantear una reforma fiscal y también hacendaria, que aumente la recaudación y corrija las graves asimetrías existentes, comenzando por el bajo porcentaje de ingresos que tributan los sectores acaudalados de esta nación. Ante dicha situación, ¿qué se puede hacer para revertir la tendencia negativa?
En primera instancia, es necesario aclarar que, esto no se trata de castigar o ahuyentar a los dueños de capitales, sino de poner a México al día, con los estándares internacionales y de garantizar los recursos económicos para el desarrollo de la nación en las décadas que están por venir. De hecho, un rediseño en este sentido ayudaría notablemente a mejorar el flujo de capitales extranjeros hacia el interior del país.
En segundo lugar, debe recordarse que nuestro país, tiene un severo rezago en el indicador de contribución fiscal como porcentaje del PIB, el 17.9 por ciento nacional, no es competitivo con el 47, 42 y 41 por ciento que alcanzan: Dinamarca, Suecia y Finlandia; con el 33 por ciento de la media que presenta la OCDE, así como, con el 31, 29 y 26 por ciento de Brasil, Argentina y Uruguay. México debe hacer crecer sus porcentajes de recaudación de manera eficiente y acelerada, pero también, rediseñar su base tributaria, para que sean más las personas y/o empresas, que aportan al crecimiento económico nacional, otorgando facilidades para que paguen en el menor tiempo posible y de manera más fácil.
Por último, es fundamental recordar, que el fisco es una herramienta redistributiva, que permite a los estados atenuar las inequidades generadas por el mercado y garantizar un piso de bienestar a los ciudadanos, por ello, parece pertinente abrir el debate, para una futura reforma de corte progresista en este rubro, esta discusión es inaplazable y urgente.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INAP
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