Tras varios días de debate entre la opinión pública y medios de comunicación sobre la prisión preventiva oficiosa que se discute en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal declaró un receso solicitado por el ministro, Luis María Aguilar con el fin de modificar su propuesta que pretende invalidar dicha figura jurídica consagrada en la Constitución Política federal y cuyo espíritu es proteger a las víctimas de su agresor y evitar que los delincuentes se den a la fuga durante el proceso penal.
Por poner un ejemplo, y de acuerdo a cifras del INEGI, “del cien por ciento de los delitos que se cometen, el 93.3% no se denuncia y por lo mismo, no se inicia una carpeta de investigación” entre otros motivos, por temor a las represalias.
Si tomamos en cuenta lo anterior, resulta delicado que se pretenda dejar sin efecto una figura como la prisión preventiva oficiosa que ha sido contemplada desde la promulgación de la Carta Magna en 1917 y que, dentro de sus modificaciones, destaca la del 2008 en donde se opta por implementar medidas cautelares dentro del nuevo sistema de juicios orales, como la prisión preventiva oficiosa.
Aunado a ello, es lamentable que el ministro proponente así como quienes le secundan, pareciera que están coludidos con grupos políticos de poder interesados en invalidar esta figura, y eso no les permite dimensionar el grave retroceso que representaría quitar una medida que fue implementada para que los responsables de los delitos estipulados en el artículo 19 no puedan sustraerse de la justicia durante el proceso penal, de lo contrario, quizá lo pensarían dos veces pues de ganar esta ocurrencia en el Pleno de la SCJN, beneficiarían a más de “92 mil personas que han cometido delitos graves como secuestro, narcotráfico, robo agravado y feminicidio” entre otros.
Dicho beneficio, les daría la posibilidad a los delincuentes de ampararse bajo el principio de la irretroactividad de la ley para quedar en libertad y no sólo se atentaría contra la procuración de justicia, sino que, pondría en peligro a miles de personas que han sido víctimas de alguno de estos delitos.
La posible libertad de los 92 mil presuntos delincuentes, abonaría a la enorme cifra de impunidad que desde sexenios anteriores ha imperado en nuestro país y por ello, pareciera que esta polémica propuesta trae jiribilla política ya que el objetivo, es descarrilar la lucha y el combate a la delincuencia que, sin tregua alguna, ha emprendido el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Señores ministros, si estas cifras no son suficientes, apelo a que durante este debate que se retoma el día de hoy, escuchen a las víctimas y tomen en cuenta sus testimonios para formarse una idea de lo que representa invalidar la prisión preventiva oficiosa.
POR JULIO CÉSAR MORENO
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA
@JULIOC_MORENO
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