El debate nacional se centra en dos temas: 1) eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y 2) la aprobación en la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los dos debates cuestionan temas de inconstitucionalidad y de respeto a los derechos humanos.
El artículo 19 Constitucional mantiene vigente la prisión preventiva en la comisión de algunos delitos. Por ejemplo, abuso o violencia sexual de menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción-enriquecimiento ilícito-abuso de funciones; robo a transporte de carga; desaparición forzada y delitos con medios violentos como el uso de armas y explosivos.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y debe aplicarse como una excepción porque incumple con el respeto a los derechos humanos al encarcelar a una persona sin contemplar la presunción de inocencia. La autoridad no puede privar de la libertad a una persona sin pruebas, juicio y sin sentencia. Punto.
Si bien se busca proteger a la víctima; evitar que el imputado se dé a la fuga; que se amenacen a testigos; evitar la reincidencia, y prever la comisión de futuros delitos, ésta medida se ha convertido en la regla. Según México Evalúa, alrededor de noventa mil personas, es decir, cuatro de cada diez, permanecen en prisión sin sentencia. Encarcelar a una persona sin haber probado su culpabilidad es simplemente una violación de derechos humanos.
Nuestra Constitución (art. 1º) obliga a las autoridades a darle la protección más amplia en materia de derechos humanos a todas las personas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que los ministros no pueden cambiar nuestra Carta Magna porque no son legisladores. Es verdad, tiene razón, pero el Poder Legislativo tampoco puede aprobar leyes violatorias de derechos humanos.
Por otro lado, que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA va en contra del artículo 21 Constitucional que, con toda claridad, establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Los legisladores deben saber esto, ¿cómo aprobar una ley que contradice la Constitución? Según el titular de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, la Guardia Nacional seguirá consolidándose como una institución civil. ¿Cómo se puede lograr algo así bajo el mando militar en México?
Para este gobierno, la prisión preventiva no es violatoria de la Constitución ni de los tratados internacionales, para ellos, ¡todos son delincuentes!, pero para que la Guardia Nacional sea militar, ahí sí defienden la inconstitucionalidad.
Los tres poderes de la Unión fueron creados para hacer contrapesos al poder de una sola persona. El presidente presiona a los ministros y a los legisladores en su agenda militar.
Estimado lector, ¿así o más claro?