La frase que titula este texto es del periodista Armando Linares López, luego del homicidio, el 31 de enero de este año, de Roberto Toledo, su colaborador en el portal Monitor Michoacán. Mes y medio después, el propio Armando fue asesinado.
En 2022, Roberto y Armando fueron la cuarta y la octava víctimas de la violencia en contra de informadores. A la fecha, hemos alcanzado la cifra más alta para un año en homicidios de periodistas: van 15. Desde 2000 a la fecha, han sido privados de la vida 157 periodistas en el país, un promedio de un asesinato cada 45 días.
Cada vez es más frecuente que sujetos armados a bordo de motocicletas ataquen a un periodista en su auto, pero también hay asesinatos en casa de la víctima, a veces frente a sus familiares, o desapariciones que preceden a la fatal aparición del cuerpo sin vida. El lugar y la circunstancia pueden variar, pero la consigna de callar o reprimir a un o una periodista es siempre la misma, como igual es el grado de alevosía de los criminales.
Hay algunos presuntos autores materiales en prisión y ningún autor intelectual. Hasta ahora prevalece este adjetivo para quien ordena un homicidio: autor intelectual. Debiera haber otro para calificar a quien paga por matar. Y ningún caso premiado con la impunidad. Porque la impunidad, lo sabemos, es el aliento del delito, la certeza del criminal y la indefensión de las víctimas.
Entre los damnificados de los asesinatos de periodistas están sus familiares, sus compañeros, el medio afectado y la sociedad entera. Porque cada homicidio de un periodista es una doble pérdida: la de quien es asesinado por informar y la de la propia libertad de expresión, que con cada ataque resiente el permanente asedio que la acosa.
Hay que poner un alto a los homicidios de periodistas. Una forma de hacerlo es frenar cualquier tipo de insulto, amenaza o agresión en su contra y no dejar ningún crimen sin castigo. En gran medida, la capacidad de disuasión del Estado consiste en su aptitud y eficacia para sancionar a todo aquel que delinque, especialmente a quien lo hace causando el mayor daño posible, como el que atenta contra la libertad y la vida.
Además de los crímenes en perjuicio de periodistas en tiempos pasados, llevamos ya 22 años de asesinatos contra informadores, como marca indeleble de este siglo, que se supone sería el de las libertades.
Sólo cuando el Estado demuestre una consistente capacidad para castigar a autores intelectuales y materiales de los atentados contra periodistas empezará a contenerse esta epidemia, ahora alentada por el poder corrosivo de la impunidad.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
@MFARAHG
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