Vivo en un país donde la justicia es utopía. Mueren 26 personas por un colapso que pudo evitarse en la Línea 12 del Metro, y 15 meses después no hay ni un detenido; asesinan a nueve integrantes de una familia en Bavispe Sonora, y tres años y medio más tarde, no hay ni una sentencia; desaparece una joven –Debanhi- cuyos restos son localizados en un motel en Nuevo León, y a cinco meses no hay ni un sospechoso señalado por las autoridades. 10 mineros quedan atrapadados en el fondo del Pinabete, en Sabinas, Coahuila, y 32 días después ni los nombres de los dueños de la mina conocemos.
La impunidad envuelve cada uno de esos casos. Impunidad cobijada por indolencia de autoridades y desinterés de una sociedad que ha normalizado las tragedias y parece adormecida.
¿Qué es la justicia, sino la búsqueda de la verdad? En nuestro país, ni verdad ni justicia.
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Las tragedias se acumulan. Las respuestas no llegan. La más reciente, el derrumbe e inundación en los pozos del Pinabete, en Sabinas, ilustra por muchas razones.
Primero, por las omisiones y negligencia de autoridades que permitieron que esa mina operara en las condiciones en que lo hacía. Si los gobiernos, dependencias y autoridades hubieran hecho lo que debían, los cuerpos de 10 mineros no estarían bajo tierra. Segundo, la ligereza en las palabras y la irresponsabilidad –que raya en torpeza- de quienes manejan la crisis: Laura Velázquez, titular de Protección Civil, se negó en los primeros días a recibir la ayuda ofrecida por otras naciones para agilizar el rescate, e incluso afirmó que sería posible llegar a los mineros durante la primera semana, tras el colapso. No sucedió. 15 días después debió aceptar ayuda de empresas y gobiernos de EU y Alemania. Tercero, la desconexión con las víctimas. “El agua llegó a estar a un metro de altura. Fue cuando se le dijo ‘ya es momento de entrar, vamos a entrar’. No quisieron. Desgraciadamente no hicieron caso. No entendieron nunca. Retiraron del lugar a los mineros, trajeron a los ingenieros que están en los escritorios. Quienes tienen experiencia son los mineros y no los escucharon”, nos dijo apenas la semana pasada Ernesto Cabral, familiar de un minero atrapado.
¿Cómo confiar en las autoridades? ¿Por qué creerles?
“En Pasta de Conchos nos dijeron lo mismo hace 4 años y todavía no ponen nada, no han hecho ni el memorial”, remata Cabral. Tiene razón.
El miércoles 31 de agosto, ya sin esperanza por delante, las familias de los mineros atrapados firmaron un acuerdo para recibir una indemnización. Además, autorizaron la construcción de un tajo a cielo abierto para poder recuperar los cuerpos, labor que se extenderá de seis a once meses, según cálculos, esos mismos cálculos que han fallado una y otra vez desde hace un mes.
El viernes, el presidente aseguró que ya cuentan con los nombres de los dueños de la mina. “Yo creo que el lunes o martes, Laura (Velázquez) nos va a informar”, remató AMLO. Veremos no solo si se informa, sino si hay castigo. Porque a la par del rescate de cuerpos debería avanzar la investigación y tendrían que venir consecuencias jurídicas; no solo para que haya justicia y verdad, sino para que una tragedia así no vuelva a ocurrir.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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