El 17 de diciembre de 2014 en el centro penitenciario federal de Almoloya, Estado de México, una psicóloga de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República entrevistó al señor Luis Pascual Ángel Luna. El señor manifestó que, antes de estar privado de libertad, trabajaba como albañil y que aprendió a leer y escribir estando en prisión. Refirió que fue detenido arbitrariamente por elementos de la entonces Policía Federal en Temixco, Morelos en el 2012. En esta entrevista narró las terribles prácticas a las que estos agentes de seguridad pública acostumbran a recurrir:
“A mí me violaron en mi detención, fue un día horrible que pasé, de la que no quisiera hablar, me duele mucho lo que me hicieron, me dolió cuando me lo hicieron, pero me duele más ahora porque siento que no tenían derecho a eso, si me hubieran golpeado nada nada más, pero no, tenían que humillarme así, se burlaban de mí, aun los escucho, ni siquiera las mujeres policías fueron capaz de apiadarse de mí, señorita, eran cuatro mujeres, que no sólo me golpearon, también se burlaban de mí. Esto es lo más doloroso que a uno le puede pasar, acabaron conmigo, mejor me hubieran matado. Me golpearon mucho, muy feo, pero cuando decían ‘hay que violarlo’, yo pensé que no lo harían, porque también había mujeres policías; lo decían con groserías, pero eso no me dolía, si no cuando sentí el palo de mi azadón, no sé cuánto tiempo lo tuve [,] pero fue poco tiempo, porque yo gritaba, lloraba del dolor.
En nuestro sistema de justicia penal federal persiste una deuda histórica con las personas sobrevivientes de tortura. Desde hace demasiados años se ha dicho que la tortura “es generalizada en México”. Según el último informe anual de la defensoría pública federal, entre el 2010 y el 2021, se han registrado que estas graves violaciones a derechos ascienden a más de 7,000 víctimas. Muchas de estas personas continúan en prisión preventiva en espera de una sentencia de primera instancia.
El caso de Luis Pascual resulta paradigmático para entender las aristas que la documentación de la tortura tiene en el marco del proceso penal. En específico, ninguna de las alegaciones de tortura o lesiones documentadas tuvo relevancia al momento de resolver su situación jurídica. Sin mayor análisis de estas violaciones, un juez federal dictó un auto de formal prisión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Desde ese entonces, han transcurrido más de 10 años y el señor Luis Pascual permanece en prisión preventiva. La tortura ha sido plenamente documentada en su caso, e incluso se llegó a girar una orden de aprehensión por el delito de tortura, en contra de los agentes de la entonces Policía Federal. A pesar de ello, la situación jurídica de Luis Pascual parecía ser inmutable. En todo este tiempo, solicitó el apoyo de distintas instituciones públicas y ninguna de sus solicitudes fue atendida.
En octubre de 2019 el señor Luis Pascual envió una carta al Ministro Presidente Arturo Zaldívar en la que le comunicó estos hechos. Su caso fue enviado al Instituto Federal de Defensoría Pública. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos presentó su caso ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y obtuvo medidas provisionales en las que se ordena el Estado mexicano cambiar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al señor Luis Pascual.
En los próximos meses el Comité Contra la Tortura resolverá si el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por mantener en detención preventiva a una persona, con base en pruebas obtenidas bajo tortura sexual. También, recaerá en el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán determinar si es razonable y proporcional mantener en prisión preventiva a un adulto mayor de 68 años, que padece hipertensión, ansiedad y otras múltiples secuelas de los actos de tortura.
Esta historia pone de manifiesto los retos judiciales que enfrentan las personas sobrevivientes de tortura. Debe indignarnos el hecho de que nuestras autoridades estatales continúen torturando para condenar. Es injustificable que una persona sea violada en su detención, para después permanecer más de 10 años en prisión sin sentencia, buscando demostrar que es inocente. Por ello, desde la defensa pública federal, se continuará trabajando para que estas historias sean cada vez menos comunes en el sistema judicial.
POR VÍCTOR MANUEL PARADA
DIRECTOR DE ÁREA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMBATE A LA TORTURA
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